Decretos
Autor | Patricio Maraniello |
Cargo del Autor | Juez Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina |
Páginas | 537-542 |
537
CONSTITUCIÓN NACIONAL, TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES.NOTASPRELIMINARES
DECRETOS
-DECRETO 222/2003124
Atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional en el nombramiento de los Magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Procedimiento para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de
la Cons titución de la Nación Arg entina le confiere al Presidente de la Nación para
el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Marco normativo para la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes.
CONSIDERANDO:
Que en el artículo citado se determina que el Presidente de la Nación Argen-
tina tiene la atribución de n ombrar a los magistrados de la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros
presentes, en sesión pública convocada al efecto.
Que es pertinente que el ejercicio de esta facultad por parte del PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL sea reglamentada estableciendo parámetros a tener en cuenta
para mejor selección del candidato propuesto de modo que su designación contri-
buya de modo cierto en aporte a un efectivo mejoramiento del servicio de justicia,
cuya garan tía debe el Estado proveer a los ciudadanos, al fortalecimiento del siste-
ma republicano y al incre mento de la calidad institucional.
Que resulta necesario tener presente, a la hora del ejercicio de tal facultad, las
circunstancias atinentes a la composición general del Alto Cuerpo en cuanto a di-
versidades de género, espec ialidades profesionales e integración con un sentido
regional y federal.
Que a ello deben sumars e lo s re quisitos relativos a la integr idad moral e
idoneidad técnica y el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos
humanos que el o los postulantes deben reunir.
Que para mejor cumplimiento de las finalidades indicadas resulta convenien-
te posibilitar, con la conformidad expresa de quien o quienes resulten motivo de
solicitud de acuerdo, la acreditación de aspectos relativos a su trayectoria profesio-
nal y académica, los compromisos públicos y privados que tuvieren, la concurren-
cia de los r equisitos e stablecidos en la Ley de Ética de la Fun ción Pública y del
cumplimiento de sus res pectivas obligaciones impositivas.
Que corresponde también crear los mecanismos que permitan a los ciudada-
nos, in dividual o colectivamente, a los colegios y a las asociaciones que agrupan a
124 Bs. As., 19/6/2003.
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