El deber contractual de información del abogado - Núm. 27-1, Enero 2021 - Ius et praxis - Libros y Revistas - VLEX 868793109

El deber contractual de información del abogado

AutorSebastián Bozzo Hauri, Gonzalo Ruz Lártiga
CargoAbogado, Magíster y Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia España. Profesor de Derecho Civil Universidad Autónoma de Chile. Dirección postal: Pedro de Valdivia 641, Providencia, Santiago, Chile. Correo electrónico: sebastian.bozzo@uautonoma.cl. - Abogado. Doctor en Derecho privado por la Université d'Aix-Marseille, Francia. Profesor...
Páginas121-142
Revista Ius et Praxis, Año 27, Nº 1, 2021, pp. 121 - 142
ISSN 0717 - 2877
Universidad de Talca - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
El deber c ontractual de i nformación d el abogado
Sebastián Bozzo Hauri
Gonzalo Ru z Lártiga
Revista Ius et Praxis, Año 27, 1, 2021
pp. 121 - 142
121
Fecha de recepción: 2018-05-03; fecha de aceptación: 2020-07-13
El deber contractual de información del abogado*
THE INFORMATION DUTY OF THE LAWYER
SEBASTIÁN BOZZO HAURI**
GONZALO RUZ LÁRTIGA***
RESUMEN
En el presente trabajo se analiza el contenido del deber de información del abogado con relación a su cliente
en dos escenarios: cuando el encargo consiste en gestiones judiciales en donde el primer o asume la defensa
de los derechos del segundo, y, cuando los encargos consisten en gestiones no judiciales que pueden ser
variados en su objeto.
PALABRAS CLAVE
Deber de información, obligaciones implícitas, mandato, prestación de servicios profesionales
ABSTRACT
In the present paper, the content of the lawyer's information duty in relation to his client is analyzed in two
scenarios: when the order consists of legal proceedings in which the first assumes the defense of the rights
of the second, and, when the orders consist of non-judicial procedures that can be varied in their purpose.
KEYWORDS
Duty of information, implicit obligations, mandate, provision of professional services
1. Introducción
Como su raíz etimológica lo indica, vocatus ad, el abogado, es llamado para asistir
profesionalmente a otro en la defensa de sus derechos e intereses. Debidamente juramentado,
se obliga a desempeñar leal y honradamente la profesión
1
, cuyos orígenes se remontarían a
* Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación DIUA107-2017 de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la
Universidad Autónoma de Chile.
** Abogado, Magíster y Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia España. Profesor de Derecho Civil Universidad Autónoma
de Chile. Dirección postal: Pedro de Valdivia 641, Providencia, Santiago, Chile. Correo electrónico: sebastian.bozzo@uautonoma.cl.
*** Abogado. Doctor en Derecho privado por la Université d’Aix-Marseille, Francia. Profesor asociado Escuela de Derecho (Santiago),
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Santo Tomás. Investigador del Ins tituto de Investigación en Derecho de la
Universidad Autónoma de Chile. Dirección postal: Ejército 146, piso 7, Santiago. Correo electrónico: gonzaloruz@santotomas.cl.
1
Artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales.
Para LOYOLA (2013), p. 136, “… quizás el primer pueblo que vio nacer el ejercicio de la profesión a que nos avocamos fue el griego,
cantera inagotable de sabiduría, dio a luz entre sus muchos personajes a Pericles quien es considerado el primero en usar la
elocuencia en el ejercicio de la abogacía. Luego se introdujo la costumbre, tanto en el Areopago de Atenas cuanto en los otros
tribunales de Grecia, de hacerse asistir en los juicios por oradores f amosos a fin de dar más firmeza a las acusaciones o defensas
planteadas; de esta forma fue Antiphon el primero q ue c ompuso, para algunos de sus conciudadanos, oraciones que ellos
pronunciaban para sostener su derecho en juic io, lo mismo hicieron Lisias, Is ócrates y Demóstenes, aunque muchas veces ellos
mismos pronunciaban sus oraciones”, añade que “en la península Ibérica en principio, no se conoció del oficio masivo de defensores
(…) La regla general de la prohibición de def enderse por voceadores o letrados queda establecida en la Ley II, Título II de los
‘Compenzamientos’ y de los ‘Pleytos’ Libro II del Fuero Juzgo, en la cual se establece perentoriamente que los pleitos no deb en ser
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH ARTICLES SEBASTIÁN BOZZO HAURI
GONZALO RUZ LÁRTIGA
Revista Ius et Praxis, Año 27, 1, 2021
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Roma bajo el reinado de Claudio
2
. Directamente relacionado con las ideas de asistencia
profesional, defensa judicial de derechos e intereses ajenos y colaboración en la recta
administración de la j usticia, la profesión de abogado, como coinciden en afirmar sociólogos y
juristas, es un aporte imprescindible para la realización de la justicia y, en definitiva, para la
consecución de la paz social.
Desde las expresiones más ideales donde “el sacrificio del interés particular por el interés
de la justicia debe ser la ley de esta profesión (…)”
3
, hasta las más mundanas donde “la profesión
de abogado es un tipo de industria, un medio de existencia, una de las formas de culto del interés
privado”
4
, el ejercicio de la profesión de abogado no puede desmarcarse de esa relación de
calificada confianza recíproca que marca el acuerdo de voluntades que une al abogado con el
cliente. Tan cierto como que el cliente elige a su abogado es que el abogado elige a su cliente.
Igualmente, cierto es que tan pronto uno deja de confiar en el otro este vínculo está condenado
a su extinción. De ahí que la estabilidad del pacto que une al cliente con su abogado dependa
menos de su fuerza obligatoria que del mantenimiento de la confianza recíproca que los llevó a
contratar, y es precisamente en ese escenario que la información que se transmitan las partes
pasa a ser determinante.
En un trabajo anterior, dedicado al deber precontractual de información del abogado,
hemos podido adelantar que en l a etapa de ejecución del contrato que vincula al abogado con
su cliente, la obligación de información se calificará generalmente como una obligación
accesoria
5
, más precisamente siguiendo la expresión del profesor Mekki, “una obligación
periférica al servicio de la obligación principal”
6
, salvo en aquellos c asos en que la información
constituya el objeto principal de la prestación del servicio jurídico contratado. En la generalidad
de los casos, la obligación de información del abogado para con su cliente no tiene consagración
expresa en la ley
7
, de ahí su calificación como una obligac ión no contractual o implícita
8
,
llevándonos a sostener que el cliente se encontraba, en cierta forma, en una situación de
vulnerabilidad informacional, con relación a su abogado. La obligación de información del
profesional se erige, entonces, en medio de la emergencia de una idea de solidarismo
contractual
9
, que tiende a remediar las evidentes asimetrías de información existentes entre las
partes.
estorbados por ‘voces’, refiriéndose a estos terceros defensores de los litigantes letrados” (pp. 137-138). En Francia, los primeros
textos que reglamentan la profesión de abogado remontan al año 1274.
2
APPLETON (1928), p. 25, citando a Tácito, Ann., XI, 5-7; XIII, 42; Suetonio, Neron, 17, Plinio, Epistolæ, V, 4, 14, 211 y Quintiliano,
Inst. Orat., XII, 7, 8, relata que los orígenes de la abogacía como profesión estarían en el episodio en el que Samius, un distinguido
caballero romano se suicida en casa de su abogado después de haberse enterado que és te traicionaba sus interes es habiéndole
pagado 400.000 sestercios de honorarios. El escándalo amen azaba con un edicto severo que asimilaría la recepción de ho norarios
al delito de c oncusión. Suilius y ot ros abogados obtuvieron del emperador el reconoc imiento del derecho a vivir de la profesión,
decidiendo ést e que los abogados no podrían recibir más de 10.000 sestercios de sus clientes, so pen a de concusión. Contra:
MARTÍNEZ (1993), p. 2, para quien “la abogacía se convirtió en profesión cuando el Emperador Justino constituyó el primer colegio
y obligó a su registro, en él, de cuantos fueran a abogar en el foro…”. Para profu ndizar en la profesión de abogado en Roma: véase
BARCIA (2008), pp. 183-266. En nuestro país: DE LA MAZA (2002), p. 195, reve la que los estudios conducentes al título de abogado
comenzaron en Chile con la fundación d e la Universidad de San Felipe en 1758. Antes de ello, en la estructura jurídica del Chile-
Indiano, según DOU GNAC (1994), p. 152, “los abogados como auxiliares de la administración de justicia estaban regulados por el
título 24 del l ibro 2° del Rec. Ind, que recoge disposiciones de las ordenanzas de A udiencias de 1563”. Para profundizar en la
profesión de abogado en Chile indiano: véase GERTOSIO (2005), pp. 233-250.
3
VERCHERE (1840), p. 2.
4
VERCHERE (1840), p. 3.
5
Por todo: véase GILSON-MAES (2016), pp. 133-147.
6
MEKKI (2013), p. 83.
7
A diferencia de otro profesional liberal, como el médico , donde, entre otras disposiciones, el inciso 1° del artículo 10 de l a Ley Nº
20.584, de 2013, que regula los derechos y deberes q ue tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en
salud, prevé expresamente que: “Toda persona tiene derecho a ser informada, en forma oportuna y comprensible, por parte d el
médico u otro profesional tratante, acerca del estado de su salud, del posible diagnóstico de s u enfermedad, de las alternativas de
tratamiento disponibles para su recuperación y de los riesgos que ello pueda representar, así como del pronóstico esperad o, y del
proceso previsible del postoperatorio, de acuerdo con su edad y condición personal y emocional”.
8
Sobre la noción de obligaciones implícitas: véase FESSARD (2015); LEGRAND (1991), pp. 109-146; LYON-CAEN (2010), pp. 109-113,
particularmente en la disciplina del derecho del trabajo.
9
JAMIN (2001), pp. 441 y ss. Esta idea de solidarismo contractual puede encontrarse ya, a comienzos del siglo pasado, con Raimond
Saleilles que propiciaba la necesidad de renovar las reglas de interpretación de los contratos. SALEILLES (1901), p. 229, apelaba a un

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