Costos de propuestas de los candidatos van desde US$ 96 millones a US$ 15 mil millones
Tal vez muchos de los votantes que decidirán el 19 de noviembre ni se han enterado. Pero las propuestas de los candidatos presidenciales están a dos clic, en el sitio web del Servicio Electoral (servel.cl), con una ventana que lleva a los programas de los ocho aspirantes a La Moneda; al menos, a los que presentaron al declarar sus candidaturas. Los hay breves, como las cinco páginas de Eduardo Artés, y otros extensos, con varios capítulos, como las 84 páginas del documento de Marco Enríquez-Ominami.
Están ahí guardadas grandes ofertas de inversión, como en los planes de transportes que se proyectan más allá del período de cuatro años, pero también muchas otras propuestas enunciadas en distintas áreas de interés ciudadano. Entre esas medidas, y también en las páginas web de las candidaturas, Reportajes seleccionó una por cada postulante y les planteó a cuatro economistas expertos en políticas públicas que evaluaran, cada uno por separado, su costo e impacto, con una aproximación libre para realizar los cálculos.
Aceptaron el desafío Osvaldo Larrañaga, director de la Escuela de Gobierno de la U. Católica; Cristián Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la U. del Desarrollo; Aldo González, director del Magíster en Políticas Públicas de Economía de la U. de Chile, y Javier Bronfman, director del Magíster en Economía y Políticas Públicas de la U. Adolfo Ibáñez.
El ejercicio no resultó para nada simple, porque en el camino surgieron varias dificultades para definir el universo de beneficiarios de la propuesta hecha por cada presidenciable. Y los economistas escogieron distintas formas de aproximarse para sortear, con los datos disponibles -e incluso con otros solicitados a los ministerios-, la estimación del costo de la medida y sus eventuales impactos.
Además, realizaron prevenciones. Por ejemplo, Larrañaga advirtió que se trata de estimaciones del costo fiscal directo de las propuestas analizadas en base a los usuarios vigentes del bien o servicio público. Es un piso mínimo. No se considera el efecto indirecto, dijo, como qué ocurre cuando existe un aumento de beneficios o una rebaja en el precio de un bien público que atrae a un mayor número de posibles usuarios, lo que podría terminar elevando el costo. A su vez, Bronfman plantea que, para financiar varias de las medidas, se requeriría un aumento de impuestos.
Y Echeverría hizo notar que hay montos que superan varias veces la inversión de US$ 2.750 millones de las líneas 3 y 6 de Metro en Santiago. O que, con el costo de agrandar las viviendas sociales a 70 m2 (Navarro), se podría dar una solución habitacional a cada uno de los 226.500 hogares en extrema pobreza.
Tampoco se celebra la medida más módica evaluada aquí, como rebajar el IVA a los libros a 5%, porque -como explica Aldo González, de la U. de Chile-, si bien es de bajo impacto en recaudación, "al crear excepciones se facilita la evasión y es regresiva".
Gratuidad para el 100% de alumnos de carreras técnicasLa candidata DC ofrece en su programa priorizar la gratuidad para el 100% de los estudiantes que elijan carreras del área técnica, con una duración de no más allá de 4 o 5 semestres.
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