Corte Suprema cierra con 13 condenas por fraude al fisco y 11 absoluciones caso MOP-Gate
La indagatoria impactó de tal manera a la política chilena, que obligó a un acuerdo político al que concurrió para salvar la crisis el entonces presidente de la UDI, Pablo Longueira, para regular el pago de las remuneraciones en el sector público. La investigación llevó a la cárcel, durante alguna de sus etapas, al ex biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Cruz, y -por una arista diferente a la central- al ex subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz, por una arista . También fue indagado, y absuelto, en otra de sus aristas, el sobrino político del Presidente Lagos, Matías de la Fuente.
Tras trece años y 130 días desde que el 20 de febrero de 2003 iniciara la tramitación de la causa la entonces ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Gloria Ana Chevesich -hoy jueza de la Corte Suprema-, la segunda sala del máximo tribunal condenó por fraude al fisco continuado a 13 personas, luego que se determinaran los abultamientos de contratos para pagar sobresueldos en el MOP entre 1997 y 2001.
Se trata de 10 ex empleados públicos, entre ellos Carlos Cruz y tres particulares por fraude al fisco de $799.142.217.
En un fallo unánime, la Corte Suprema ratificó en lo medular la sentencia que dictó la magistrada el 30 de junio de 2010, pero elevó a inhabilitación perpetua para ocupar cargos u oficios públicos la condena. Chevesich había establecido una suspensión mientras durara la pena.
Los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por Milton Juica, Hugo Dolmestch (actualmente presidente de la Corte Suprema), Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama- solo acogieron los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había condenado a once empleados de empresas consultoras que operaron con el MOP, a quienes Chevesich en su fallo había absuelto.
Las penas oscilan entre los 60 días remitidos y cinco años de libertad vigilada. A todos se les consideró como atenuante la irreprochable conducta anterior.
La magistrada consideró la tesis del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y de un fallo de la Corte Suprema en la arista L IV, por los que condenó también a los particulares por fraude al fisco y no por estafa como los había acusado, por la comunicabilidad del delito. Esto fue ratificado por la Corte de Apelaciones y ayer por el máximo tribunal.
En su fallo, la Corte Suprema llegó a la "convicción" de que "un grupo de personas idearon un procedimiento para sobrevalorar el precio de consultorías necesarias para cumplir objetivos de obras públicas estatales, para obtener indebidamente recursos que se destinaron a pagar honorarios no consultados en el presupuesto público y que el fisco no estaba en el deber de solucionar".
El máximo tribunal coincidió con la ministra en las absoluciones de determinados consultores, que dispusieron los giros de cheques de la cuenta corriente de su empresa para hacer devolución de una parte de un precio que a instancias de funcionarios del MOP, mandante de dichos contratos, y según condiciones impuestas de forma perentoria, aparecían como aceptables o plausibles.
Los absueltos, que habían sido condenados a 60 días remitidos y pago de indemnizaciones, son: Marcos Luraschi, ingeniero de Econat Consultores; Abdón Naim, ingeniero de Ry Q Ingeniería; Sergio González, ingeniero de Aristo Consultores; Francisco González, ingeniero de Consultora Profesional Agraria Limitada; Eduardo Valenzuela, de consultora Exe Ingeniería y Software; Luis Arrau, socio de...
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