Control administrativo de los servicios públicos
| Autor | José Araujo-Juárez |
| Cargo del Autor | Profesor de Postgrado de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello |
| Páginas | 637-666 |
637
CAPÍTULO 10
CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
INTRODUCCIÓN
§414. Presentación del tema — El estudio de los servicios públicos no puede
concluir sin una referencia a las profundas transformaciones que han experimen-
tado los mecanismos de control de los llamados «intereses de servicio público» (D.
Sorace)1109, dentro del procedimiento de elaboración de las decisiones relativas a la
organización y al funcionamiento de los servicios públicos, así como al control y vi-
gilancia de las Administraciones públicas reguladoras sobre los gestores y usuarios
de los mismos.
Especialmente complejo y de extraordinaria importancia es, pues, el tema del
control de los servicios públicos, pues son muchas las cuestiones que en él conver-
gen. Así, por ej., toda la problemática que se deriva de confrontación entre los inte-
reses públicos envueltos en la actividad de la garantía de prestación de los servicios
públicos y la libertad económica que toda gestión empresarial requiere; también la
que resulta de relacionar una gestión de esas características con el obligado y rigu-
roso control a que es preciso someter tanto la actividad de los gestores como la de
los usuarios de los servicios públicos. Son estos y otros aspectos, en su misma com-
plejidad, lo que actualiza y concreta el tema del control de los servicios públicos,
siendo las sanciones administrativas y penales, posibles consecuencias del control,
que requiere de un estudio especíco, la potestad sancionadora, cuya premisa es
este previo deslinde conceptual, que no siempre se reconoce (R. Rivero Ortega)1110.
Así hay que señalar en primer término, las posibilidades que en tal sentido
ofrece, precisamente, el ejercicio de las potestades de dirección y control de la ges-
tión por parte de la Administración pública sobre quienes tienen a su cargo la ges-
tión de los servicios públicos; básicamente por lo que se reere a la comprobación,
1109 Sorace, D. “Gli ‘interessi di se rvizio pubblico’ tra obbligh i e poteri delle ammin istra-
zioni”, cit. por Miguez Macho, L. Ob. cit., nota 124, 220.
1110 Rivero Ortega, R. Ob. cit., nota 776, 25.
José ArAuJo-Juárez
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la observación del cumplimiento de lo legalmente y contractualmente establecido.
Junto a ello y desde una perspectiva estrictamente jurídica, cabe observar también
que en este tema convergen técnicas de muy distinta naturaleza. En ocasiones, de
forma concurrente; en otras, de modo sucesivo o intercambiadas, pues la utilización
de unas no excluye las otras. En denitiva, todo un conjunto de técnicas, cuya pues-
ta en práctica, dependerá de la naturaleza del «interés jurídicamente protegible» en
cada servicio público.
Así, a los efectos, según analizaremos más adelante que aquí interesan, hemos
de partir de una serie de ideas que han sido desarrolladas ampliamente, ya con ca-
rácter general en los capítulos que anteceden y a los que nos remitimos en bloque.
Lo que importa destacar en este momento es que el servicio público es el título de
intervención que, en último término, explica el conjunto de prerrogativas de Dere-
cho público que corresponden en esta materia o sector al ejercicio del Poder público.
Señala Weil1111, la actividad de los sujetos privados —personas de Derecho
privado— está regulada por un Derecho que se les impone desde el exterior y el
respeto de los derechos y obligaciones que lleva consigo estará bajo la autoridad
y la sanción de un poder externo y superior: el del Estado Constitucional. El Esta-
do Constitucional no le pide asentimiento a los sujetos privados para que ellos se
sometan al Derecho que el propio Estado Constitucional crea
y,
por consiguiente,
al control de esa actividad que regulan su conducta, esto es, normas que ordenan,
prohíben o conforman algo.
Por tanto, es evidente que al hablar de control tengamos que referimos al con-
cepto de Ordenamiento jurídico, porque éste equivale a Derecho y si el Derecho,
en su esencia, sostiene De La Cuétara1112, trata de la exigencia de una determinada
conducta a otro sujeto y en lo que ahora nos concierne, el Derecho de los Servicios
Públicos, nos muestra la existencia de determinadas conductas exigibles en relación
con la gestión de los servicios públicos, habida cuenta de que existe un triángulo
en cuyos vértices se sitúan la Administración pública, el gestor y el usuario de los
servicios públicos, respectivamente.
El Estado Constitucional, sea cual fuere el concepto que sobre su naturaleza
se tenga, ha sido creado para cumplir determinados nes esenciales. Para ello se
le dota de prerrogativas de Poder público que le permiten el ejercicio de funciones
propias mediante el desenvolvimiento de numerosas actividades. Pero con mayor
o menor intensidad, tales prerrogativas y actividades están sujetas a sistemas y pro-
cedimientos de control público.
Por ello, la importancia de la teoría del control público como principio funda-
mental del Derecho público y como uno de los elementos básicos del Estado de De-
1111 Weil, P. Ob. cit., nota 46, 61.
1112 Cuétara, J.M. de la. Ob. cit., nota 25, 155.
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