La conformidad: Negociar, pactar, rebajar y... ¿Renunciar a derechos para agilizar el proceso?
| Autor | Francesc Ordoñez Ponz |
| Cargo | Universitat di Girona, España |
| Páginas | 266-293 |
LATIN AMERICAN LEGAL STUDIES Volumen 8 (2021), pp. 266-293
La conformidad: Negociar, pactar, rebajar y... ¿Renunciar a
derechos para agilizar el proceso?
The Conformity: Negotiating, Compromising, Reducing, and... Wavering
Rights to Facilitate the Process?
FRANCESC ORDÓÑEZ PONZ*
Resumen
Este trabajo tiene como objeto la conformidad en el ordenamiento procesal
español. Pero no exclusivamente. Pretende que el lector se haga una idea
de que si bien la conformidad (y otras figuras de justicia negociada) son una
solución premiada y de agilidad, también presentan su lado más incierto
porque implica renunciar a garantías y derechos fundamentales. Sin
olvidarnos de las negociaciones que se llevan a cabo (principalmente, en
EUA) que pueden ser condicionantes hasta extremos poco o nada éticos.
No todo vale para agilizar el proceso. Este estudio nos servirá para
constatar los problemas de la justicia (lentitud y congestión), para analizar
un instrumento de agilidad procesal como es la conformidad, para ver su
funcionamiento y para saber qué sucede en EUA y Chile, escogidos el
primero por ser un sistema de conformidades y el segundo por la
importancia de su Código Procesal Penal e intentar huir del plea bargaining.
Palabras clave: Conformidad; Justicia Negociada; Principio de Oportunidad; Principio de Legalidad;
Ministerio Fiscal; Agilidad Procesal.
Abstract
This work aims to analyze the conformity in the Spanish procedural
system. But not exclusively. It pretends that the reader gets an idea that
even though the conformity (as well as other forms of negotiated justice) is
an advantageous and agile solution, also has a more uncertain side since it
implies wavering guarantees and fundamental rights. Without disregarding
the negotiations that take place (mainly, in the USA) that can be
constraining to extremes that are hardy ethical or not at all. Not everything
is acceptable for facilitating the process. This study will allow us to verify
the problems of the justice system (slowness and congestion), as well as to
analyze an instrument of procedural facilitation such as the conformity, to
review its functioning, and for understanding what happens in the USA
* Universitat di Girona, España (cesc.ordonez@gmail.com). Quiero dar l as gracias a la Dra. Silvia Pereira por
introducirme en el mundo de la investigación, ser mi futura directora de tesis, ofrecerme un sinfín de
oportunidades, creer en mí y en mis capacidades. A la Dra. Sophía Romero por ayudarme en la publicación de
mi primer artículo aun siendo estudiante. Al Dr. Carlos del Río por su generosa colaboración en la búsqueda
de materiales bibliográficos. A mis amigos y a mi familia por apoyarme en mi vida académica y confiar siempre
en mí. Artículo recibido el 8 de octubre de 2020 y aceptado para su publicación el 11 de noviembre de 2020.
La conformidad: Negociar, pactar, rebajar y… ¿Renunciar a derechos para agilizar el proceso?
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and in Chile, countries that have been chosen because the former is a
conformity-based system, and the latter has an important Criminal
Procedure Code and aims at distancing from the plea bargaining.
Key words: Conformity; Negotiated Justice; Principle of Opportunity; Principle of Legality; Prosecution
Service; Procedural Facilitation.
I. CONSIDERACIONES GENERALES: LA TAN REPETIDA, Y MÁS AHORA
TRAS EL COVID-19, LENTITUD Y SATURACIÓN DE LA JUSTICIA
Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles está relacionada
con el lento funcionamiento de la justicia. En virtud de las estadísticas judiciales extraídas de
la Página Web del Poder Judicial de España, en concreto, de los documentos “justicia dato a
dato”
1
de los diferentes años, queda reflejado que el principal motivo de queja es el relativo
a la actividad de los juzgados y tribunales y si se desglosa más todavía, la insatisfacción se
centra en una justicia poco atenta, poco ágil y que no está tecnológicamente avanzada.
Este funcionamiento deficiente de los juzgados y tribunales españoles no es reciente
porque ya desde el año 2003 (primer año que aparece recogido en las estadísticas de la Web
del Poder Judicial de España) se convierte en el principal motivo de queja o reclamación por
parte de la población. Con el paso del tiempo, la intranquilidad que genera la organización
de los órganos jurisdiccionales sigue siendo la principal preocupación, suponiendo más del
60% de las quejas anuales suscitadas en los últimos diez años. A su vez, ahondando más en
los resultados, percibimos que la perseverancia del legislador en remodelar los procesos
judiciales con el fin de paliar su lentitud mediante reformas de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (en adelante LECrim
2
) y la instauración de nuevas prácticas procedimentales no ha
tenido el éxito esperado ya que más del 40% de las quejas y reclamaciones recogidas por la
Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial, versan sobre la
necesidad de una justicia ágil y tecnológicamente avanzada. Estos datos demuestran que la
insatisfacción respecto del funcionamiento de los tribunales y de la lentitud de los
procedimientos judiciales no solamente se ha consolidado, sino que año tras año va en
aumento.
Y por si todo esto no fuera suficientemente ilustrativo del problema que existe acerca
de la falta de agilización de las actuaciones judiciales, en marzo de 2020 la OMS declara el
virus Covid-19 como pandemia mundial. Este virus que dejó sus primeras muestras de
propagación en Wuhan, China, en pocos meses ha traspasado todas las fronteras dejando
muestras evidentes de su fuerza contagiosa en la mayoría de los países de todo el mundo. Esta
situación ha comportado una emergencia sanitaria y, a su vez, los tribunales también se han visto
afectados y se ha agravado la saturación de sus asuntos provocando una emergencia también
judicial.
1
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Justicia-Dato-a-
Dato/ (última fecha de consulta: 14 de agosto de 2020).
2
España: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjui ciamiento Criminal.
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