Comisión investigadora apunta al Ministerio del Medio Ambiente por falta de voluntad política para proteger ecosistemas en grave peligro
“En el Salar de Punta Negra a primera vista todo se ve bien, pero es una forma artificial: tenemos un sistema de salar casi como un enfermo terminal, que está vivo pero está siendo mantenido a la fuerza con un respirador artificial”. Así describe el vocero de la Agrupación de Defensa del Salar de Punta Negra, Carlos Iriarte, la dramática situación del lugar, explotado por años por la minera Escondida, de la multinacional BHP Billiton.
Según detalla Iriarte, “se agotó la vida natural del flamenco. Lo que ves hoy son poblaciones insertas y manejadas por Escondida, que además utilizó gran parte del agua, la que ahora vierten de manera superficial: tenemos un gran charco de agua artificial. Pero el salar está seco y cuando cierren la llave se secará inmediatamente”.
La caótica realidad del salar, ubicado en la Región Antofagasta, fue presentada en marzo de este año ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, tras lo cual se creó una Comisión investigadora sobre el daño ambiental en Salares, Glaciares y Cuencas Hidrográficas, que este jueves entregó sus conclusiones.
Un repaso por toda la institucionalidad ambiental, que pone énfasis en la ineficiencia del Estado y las instituciones competentes a la hora del cuidado de los recursos naturales, especialmente los hídricos.
“El Estado de Chile, ya sea por acción u omisión en materia medioambiental, ante la continua violación de la regulación sobre protección y resguardo del medioambiente, particularmente respecto de la protección de salares, glaciares y cuencas hidrográficas, nos ha puesto en una situación de serio riesgo que requiere no solo de respuestas claras, sino también, de soluciones concretas”, señala la investigación.
Para el presidente de la comisión, Marcos Espinosa (PRSD), “lo que genera mayor preocupación es que efectivamente el rol fiscalizador de los organismos encargados de preservar los recursos naturales, están muy por debajo de hacer una labor eficiente, lo que obedece fundamentalmente a la poca disposición de recursos, así como a la notable descoordinación entre los servicios encargados de fiscalizar la preservación de estos. La DGA, Conaf, SAG, Superintendencia de Medio Ambiente… no existe una coordinación que permita una intervención más adecuada y eficiente”.
La falta de recursos necesarios es un factor decisivo a la hora de estas ineficiencias. Por ejemplo, en el caso de la DGA de Antofagasta, apenas hay tres funcionarios para realizar fiscalizaciones, lo que “es inaceptable (…) debido al vasto territorio que abarca y los controles para todos los puntos de extracción autorizados en dicha región”.
La crítica principal apunta a la falta de empoderamiento del ministerio de Medio Ambiente, creado en 2010, al que...
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