Capítulo IV. Reflexiones finales
| Autor | José Pablo Sala Mercado |
| Páginas | 339-355 |
339
EL DERECHO DE AUTOR EN EL NUEVO M ILENIO
CAPITULO IV
REFLEXIONES FINALES
Tal como surgiera de las consideraciones realizadas en cada
apartado analizado conforme la estructura propuesta, las que re-
produciremos en alguna medida como punto de inicio conclusivo,
es preciso materializar en este capítulo la idea rectora sostenida a lo
largo del presente y que se traduce en la falta de adecuación total
del sistema argentino a las nuevas realidades por las que transita el
derecho autoral.
Es así que, en cada cuestión analizada, podemos advertir que el
derecho nacional presenta limitaciones en la actualidad que supo-
nen la asunción de ciertos riesgos en su aplicación. Vale decir que el
sistema jurídico argentino, compuesto por los convenios internacio-
nales reseñados y su normativa autónoma, si bien se encuentra en
alguna medida actualizado, no responde en forma sólida a las de-
mandas de la realidad digital.
Esta idea no resulta de una perspectiva completamente sub-
jetiva, sino que se obtiene del carácter de las normas analizadas
y de sus respectivas reformas. Si tenemos presente que los trata-
dos internacionales, como hemos expresado, son normas univer-
sales de carácter general y muchas veces ambiguas sumado a que,
en aras de encontrar un consenso general que permita su aplica-
ción, carecen mayormente los convenios de normas materiales que
resuelvan directamente los conflictos y así es que delegan la re-
gulación a los Estados parte estableciendo simplemente una guía
de conducta, estaremos por sostener, como conclusión, que nues-
tra normativa nacional no dispone de medidas acordes con la
realidad digital.
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JOSÉ PABLO SALA MERCADO
Podemos decir que Argentina ha seguido la iniciativa d e brin-
dar tratamiento a las novedades tecnológicas en materia de propie-
dad intelectual con la suscripción de los tratados aquí analizados,
pero que no ha dado el salto de calidad reguladora que le permita
encontrar una seguridad jurídica apropiada para la dinámica de la
sociedad de la información.
Los convenios internacionales referidos al entorno digital cons-
tituyen el punto de partida regulador, un aire inspirador, un intento
armonizador, pero son los Estados, como por ejemplo, lo han hecho
los Estados Unidos y los 28 estados de la Unión Europea, los que
deben ampliar la protección de los derechos de propiedad intelec-
tual mediante la herramienta legislativa y así buscar soluciones acor-
des con la diversidad de supuestos que puedan presentarse.
Puede haber quienes digan que tenemos un régimen aceptable para
el tratamiento de la propiedad intelectual en el siglo XXI, pero acepta-
ble no es suficiente, debemos contar con un sistema apropiado y adap-
tado a esta realidad. Este razonamiento fue el motor impulsor del pre-
sente y todo lo expresado debe entenderse en coherencia con ello.
No es un dato menor que en la lista de observación o vigilancia
(Priority Watch List) que establece el 2014 Special 301 Report, elabo-
rado por The United States Trade Representative de la Executive
Office of The President of The United States,Argentina aparece en
la quinta posición de la lista o ranking que comprende a los países
más piratas o paraísos informáticos (The Office of the United States
Trade Representative, 2014, p. 44). Esto sitúa a nuestro país entre
los más inseguros para los autores respecto del resguardo de sus
derechos. Este aporte informativo puede tomarse con mayor o me-
nor consideración, pero nunca ignorarse para un estudio propio ya
que, sea por la legislación, la idiosincrasia, la justicia o los intereses
económicos, el problema existe y debe ser analizado desde distintas
perspectivas que permitan encontrar una solución adecuada.
Pensamos que en todos los ámbitos existen cuestiones para revi-
sar; en el presente, nos hemos centrado, primordialmente, en la rea-
lidad legislativa.
Así las cosas, corresponde brevemente y a modo conclusivo,
brindar estas reflexiones respecto de todo lo analizado desde la
perspectiva de las necesidades del régimen autónomo argentino.
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