Causa nº 233-2017 (Casación Fondo). Resolución nº 24 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 5 de Diciembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 699200705

Causa nº 233-2017 (Casación Fondo). Resolución nº 24 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 5 de Diciembre de 2017

Fecha de Resolución 5 de Diciembre de 2017
MovimientoRECHAZA CASACION EN EL FONDO (M)
Rol de Ingreso233-2017
EmisorSala Tercera (Constitucional)

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Santiago, cinco de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

En estos autos rol N° 233-2017 los actores, María

Angélica Bustamante Cruz; F.G.B.;

F.I.G.B.; Carla Andrea Gálvez

Bustamante y Sociedad Comercial Inmobiliaria Valle Verde

Limitada, dedujeron demanda ordinaria de indemnización de

perjuicios en contra del Fisco de Chile por la

responsabilidad que le cabe por las conductas

injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio

Público. Reprochan en su libelo que la demandante María

Angélica Bustamante Cruz fue formalizada por el Ministerio

Público como autora del delito de lavado de dinero en grado

consumado, previsto en las letras A) y B) del artículo 27

de la Ley N° 19.913, sobre Lavado de Activos, motivo por el

que, a solicitud de dicho ente estatal, estuvo sometida a

prisión preventiva y, por ende, privada de su libertad

ambulatoria entre junio de 2009 y fines del mes de

septiembre de 2010, siendo absuelta de todos los cargos que

le fueran imputados con fecha 15 de octubre de 2010. En

dicho sentido los actores adujeron que el proceder del

Ministerio Público fue erróneo e injustificado, puesto que

siguió adelante con el proceso y logró que B.C.

fuera privada de libertad aun cuando ésta logró demostrar

la procedencia del dinero objeto de la investigación,

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incluso antes de que se dispusiera su prisión preventiva,

decisión que afectó gravemente tanto a dicha demandante

como a sus hijos y a su familia.

Por sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil

quince, el tribunal de primera instancia acogió la demanda,

argumentando que el delito por el cual María Angélica

Bustamante Cruz fue acusada, esto es, el de lavado de

activos, no resultó probado en el proceso seguido en su

contra, siendo de responsabilidad del Ministerio Público

probar su ocurrencia. En tal sentido el sentenciador

subraya que una investigación como la de autos, que estuvo

revestida de una gran repercusión mediática y a la que se

dedicaron importantes recursos y tiempo, debió tener un

mejor resultado, a lo que añade que si la pesquisa llevada

adelante por el ente persecutor no avanzaba ni lograba los

resultados que eran esperables, atendida la gravedad de la

medida cautelar solicitada respecto de la demandante

B.C., bien pudo dicho órgano dejar de insistir

en semejante medida de resguardo o, cuando menos, rebajar

la exposición mediática a que estaba sometido el caso; de

todos modos, agrega el sentenciador, resulta difícil

comprender que, en las anotadas condiciones, el fallo haya

resultado adverso y, más aun, que si el Ministerio Público

se alzó en su contra, el recurso deducido haya sido

abandonado sin ningún tipo de justificación. En esa

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perspectiva el fallador subraya que, si bien es atendible

la decisión de renunciar al recurso o de abandonarlo, en la

medida que el Ministerio Público estima que no existen

antecedentes que lo sustenten, no lo es la determinación de

mantener por tanto tiempo la prisión preventiva de la

demandante pese a tales deficiencias. En consecuencia,

estima que, al tenor de los antecedentes descritos, no cabe

sino concluir que el Ministerio Público obró de manera

arbitraria en la investigación de que se trata, habiéndose

verificado un ejercicio abusivo de las facultades

discrecionales que el ordenamiento le entrega, motivo por

el que hace lugar a la demanda.

Apelada dicha determinación por ambas partes, la Corte

de Apelaciones de Talca, en votación dividida, la revocó y

desestimó la demanda, fundada en que el sustrato implícito

de la acción indemnizatoria impetrada es el daño causado

por error judicial. En tal sentido consignan que, para

hacer efectiva la responsabilidad del Estado en caso de

yerros judiciales, no basta que se dicte sentencia

absolutoria en favor de la acusada que ha permanecido

privada de libertad, como ocurre en autos, a lo que añaden

que la prueba allegada al juicio no resulta suficiente para

colegir que hubiese existido una negligencia extrema o un

ánimo doloso de parte del Ministerio Público en contra de

M.A.B., considerando, además, que dicha

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investigación pasó varias veces por el Tribunal de Garantía

de Talca y por esa misma Corte de Apelaciones. En

consecuencia, y de acuerdo a los antecedentes agregados al

proceso, establecen que el Ministerio Público no incurrió,

con ocasión de la investigación de que se trata, en

conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias, motivo

por el que no le asiste responsabilidad patrimonial en los

hechos en que se vio involucrada penalmente la actora María

Angélica Bustamante Cruz.

En contra de esta determinación la parte demandante

interpuso recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Que el recurrente denuncia que la sentencia

vulnera el artículo 5 de la Ley N° 19.640, Orgánica

Constitucional del Ministerio Público, en cuanto hace una

errónea interpretación y aplicación de dicha norma legal en

la resolución del conflicto, infringiendo de paso los

artículos 6 y 7 de la Constitución Policita de la

República.

Expresado lo anterior alega que el fallo incurre en un

primer error de derecho al pretender aplicar el artículo 19

N° 7, letra i) de la Carta Fundamental, por una conducta

injustificadamente errónea o arbitraria del Ministerio

Público, toda vez que este último es un órgano

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constitucional autónomo, de modo que no forma parte del

Poder Judicial y, por lo mismo, no cabe exigir la

declaración de hallarse en presencia de un yerro judicial,

como lo exige el citado artículo 19 N° 7, letra i).

En segundo lugar denuncia que la sentencia yerra al no

considerar injustificadamente errónea o arbitraria la

conducta del Ministerio Público, a la luz de lo establecido

en el artículo 5 de la Ley N° 19.640, Orgánica del

Ministerio Público.

Sobre el particular expone que el régimen legal de

responsabilidad del Ministerio Público se encuentra en la

citada ley, que desarrolla el principio de responsabilidad

de los órganos del Estado, contenido en los artículos 6 y 7

de la Constitución Política de la República, al disponer

que el "Estado será responsable por las conductas

injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio

Público".

Al respecto aduce que en estos autos concurren los

presupuestos de gravedad exigidos para considerar la

conducta realizada por el Ministerio Público como

injustificadamente errónea o arbitraria, toda vez que el

error en que incurrió fue, a su juicio, inexplicable, en

cuanto aparece desprovisto de toda justificación que lo

haga comprensible; califica su proceder de falto de toda

racionalidad, carente de explicación lógica y de fundamento

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racional, estimando que se encuentra motivado únicamente

por el capricho, puesto que fue la primera causa que se

llevó en Curicó por lavado de dinero, destacando que en el

transcurso de la investigación los fiscales encargados

advirtieron que nada de que lo que se imputaba a su parte

era real, apreciación que condujo al Tribunal Oral en lo

Penal de Curicó a absolver a su representada.

Agrega que, en ese contexto, y pese a que toda la

prueba demostraba la inocencia de su parte, el Ministerio

Público decidió, sin razón aparente, seguir adelante con su

capricho recurriendo de nulidad ante la Corte de

Apelaciones de Talca, recurso que fue declarado abandonado,

sin razón que lo justificara, de lo que deduce que el ente

persecutor actuó en forma errónea o injustificada.

Por último, y en cuanto se sostiene en el fallo

recurrido que el tiempo de privación de libertad de la Sra.

B.C. no es responsabilidad del Ministerio

Público, desde que la misma fue ordenada por un Tribunal de

Garantía, aduce que en el sistema acusatorio el órgano

jurisdiccional forma su convicción acerca de los hechos

materia de la investigación a través de los antecedentes

que el Ministerio Público proporciona, de manera que las

decisiones que adopta el tribunal están influidas por la

actuación de dicho ente...

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