Anexo 1. Tribunal Constitucional
| Autor | Cristian Maturana Miquel |
| Cargo del Autor | Director Departamento Derecho Procesal Facultad de Derecho de la Universidad de Chile |
| Páginas | 549-558 |
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"Santiago, veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
Vistos y considerando:
1º Que por oficio Nº 2.543, de 8 de septiembre de 1999, la honorable Cámara de Diputados ha enviado el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, a fin de que este Tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de todos sus artículos, a excepción de los signados 72, inciso primero, 73, 74, 75, 76, 77, incisos tercero y cuarto, 84, 85, 86 y 90 permanentes, y 7º transitorio, ya que fueron considerados por el Congreso Nacional, como propios de ley común u ordinaria;
2º Que el artículo 82 Nº 1º de la Constitución Política establece que es atribución de este Tribunal: 'Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución';
3º Que, antes de analizar el ámbito de la ley orgánica constitucional en proyecto, este Tribunal estima conveniente precisar, respecto de la primera parte del inciso primero de la disposición trigesimosexta transitoria de la Constitución, que dice: 'Las normas del capítulo VI-A 'Ministerio Público', regirán al momento de entrar en vigencia la ley orgánica constitucional del Ministerio Público', lo siguiente en relación a la plena aplicación de las normas permanentes del Capítulo VI-A de la Carta Fundamental, relativo al Ministerio Público; Page 550
4º Que, no obstante que del tenor literal de la primera parte de la disposición transitoria señalada podría estimarse que los preceptos constitucionales que incorporaron en su integridad al Ministerio Público a la Constitución Política, por Ley de Reforma Constitucional Nº 19.519, de 16 de septiembre de 1997, tendrían supeditada su aplicación a la dictación previa de la ley orgánica constitucional respectiva, situación que impediría a este Tribunal ejercer en plenitud su control obligatorio por no existir marco de referencia inmediato;
5º Que, en efecto, si bien es cierto que del simple tenor literal de la norma constitucional transcrita en el considerando 3º, podría inferirse tal alcance, ella debe, sin embargo, interpretarse en consonancia y armonía y dentro del contexto de las restantes normas constitucionales; en especial, la del artículo 82, Nº 1º, que hace obligatorio que las leyes orgánicas constitucionales se sometan al trámite de control constitucional de esta Magistratura, por lo cual la reforma constitucional que incorporó -en lo que interesa-, el Capítulo VI-A a nuestra Carta Fundamental y que fue aprobada en la forma prevista por la propia Constitución, existe como tal desde su publicación en el Diario Oficial, por manera que es conforme a esas nuevas disposiciones constitucionales sobre el Ministerio Público que este Tribunal deberá analizar a partir de su vigencia, a dicho Ministerio Público, en el ámbito propio que le asignan los artículos 80 B, 80 F y 80 I, de la Constitución y cuyo detalle se consigna en el considerando siguiente;
6º Que la Constitución Política encomienda a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en lo no contemplado en ella:
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determinar la organización y atribuciones de ese Ministerio;
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señalar las calidades y requisitos que deben tener y cumplir los Fiscales para su nombramiento;
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indicar las causales de remoción de los Fiscales Adjuntos;
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establecer el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad de los Fiscales en la dirección de la investigación o en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo;
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fijar los requisitos para formar la terna para el concurso público destinado a proveer los cargos de Fiscales Adjuntos, y
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el Fiscal Nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público, en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva;
7º Que, en relación con la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y tal como lo ha hecho presente este Tribunal en otras oportunidades, debe tenerse especialmente presente:
1) que no sólo las materias que la Constitución ha confiado específica y directamente a una ley de esta naturaleza jurídica deben Page 551 figurar en ella, sino también las que constituyen el complemento indispensable de las mismas, pues, si se omitieran, no se lograría el objetivo del Constituyente al incorporar esta clase de leyes en nuestro sistema positivo, cual es desarrollar normas constitucionales sobre materias de la misma naturaleza en cuerpos legales autónomos, armoniosos y sistemáticos, y
2) que a las normas de interpretación empleadas debe recurrirse con prudencia, porque en manera alguna deben llevarnos a extender el ámbito de aplicación de las leyes orgánicas constitucionales más allá de lo necesario y permitido por la Constitución, ya que el hacerlo privaría a nuestro sistema legal de una equilibrada y conveniente flexibilidad, dado el alto quórum que exige esta clase de leyes para su aprobación, modificación o derogación;
8º Que, teniendo presente lo señalado en el considerando anterior, este Tribunal estima que todas las disposiciones del proyecto sometidas a control, tienen el carácter de normas propias de ley orgánica constitucional a que se refieren los artículos 80 B, 80 F y 80 I de la Carta Fundamental.
9º Que, el inciso final del artículo 34 de la Ley Nº 17.997, Orgánica de este Tribunal, dispone:
'Si durante la discusión del proyecto se hubiere suscitado cuestión de constitucionalidad de uno o más preceptos...
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