Análisis PDI de asesorías al Congreso: un tercio de los consultores no entregó informes que respaldaran su trabajo
Ha pasado poco más de un año. Fue el 7 de mayo de 2018 cuando el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, encargó una misión de largo aliento a la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef) de la Policía de Investigaciones (PDI): encontrar, interrogar, pedir informes o minutas, además de solicitar copias de contratos, registros de boletas o facturas y consultar sobre levantar el secreto bancario de 70 consultores y centros de estudios que vendieron asesorías a la Cámara de Diputados y el Senado entre 2012 y 2016.La medida se adoptó a partir de lo ocurrido en septiembre de 2017, cuando se revelaron asesorías realizadas por Omar Beltrán al senador Alejandro Guillier, entonces candidato presidencial, las que incluían informes con párrafos similares a otros disponibles en la página web del Congreso.Ante esto, el Ministerio Público solicitó la documentación a ambas cámaras del Congreso.En el caso de los diputados, los documentos fueron entregados. Los senadores, en cambio, acordaron no remitirlos: señalaron que excedía las facultades de quien ejerce la persecución penal y perjudicaba su imagen pública, por lo que, indicaron, estarían disponibles para que se accediera a la información pública en la forma prescrita en la Constitución.El análisisEl 22 de febrero de este año se concluyó un primer peritaje de la PDI, el número 36, que consta de más de 200 páginas: se relatan los testimonios y principales conclusiones sobre los respaldos y venta de las asesorías parlamentarias."El Mercurio" accedió al contenido de este documento, que parte señalando cómo se conformó el universo de casos que serían analizados.También se adjuntó un segundo informe con en el que se detalla el análisis preliminar de las asesorías efectuadas por un grupo de centros de estudios. En total, ambos documentos suman 350 páginas sin contar los cientos de boletas declaraciones, contratos y facturas que se adjuntan en los anexos.Según indicaron los detectives, en el primero de sus análisis recopilaron toda información que existía sobre los consultores o centros de estudio que están sujetos a la ley de transparencia, principalmente el de sus páginas web.Así determinó que en el Senado se contrataron 302 asesores externos, se efectuaron 4.208 asesorías y se pagaron $ 5.617 millones.En la Cámara, entre 2011 y 2016 existieron 561 consultores, 4.013 asesorías y un gasto de $ 15.665 millones. En total sumaron $ 21.282 millones.Para determinar la información que sería sujeta a revisión, la PDI se reunió con el fiscal Manuel Guerra, quien indicó que...
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