El análisis de los límites al acceso a la información pública en Uruguay y otros países de Latinoamérica con especial referencia a los contratos públicos
| Autor | María Paula Garat |
| Cargo | Doctora y máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España. Profesora e investigadora de alta dedicación del Departamento de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Correo electrónico: maria.garat@ucu.edu.uy |
| Páginas | 236-266 |
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Artículo recibido el 22.02.2024 y aprobado para publicación el 02.05.2024.
ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
ISSN 0718-0195 · Vol. 22 · Núm. 1 · 2024 · pp. 236-266 · DOI: 10.4067/s0718-52002024000100236
El análisis de los límites al acceso a la información pública
en Uruguay y otros países de Latinoamérica con especial
referencia a los contratos públicos
The analysis of the limits to the access to public information in Uruguay and
other Latin American countries with particular reference to public contracts
María Paula Garat1
Resumen:El artículo se propone abordar al derecho de acceso a la información pública en lo
que particularmente reere a los contratos públicos y a sus muchas veces alegada cláusula de
condencialidad. Para ello, parte de los estándares que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha desarrollado en relación con este derecho, lo vincula con la normativa interna
uruguaya y se centra en sus límites. Se examinan las principales herramientas que se emplean
para el control de las restricciones a este derecho, como el principio de proporcionalidad y
el test del daño. Se postula que no basta con la inclusión de una cláusula de condencialidad
para exceptuar a ciertos datos del acceso público, sino que es necesario la realización de un
examen más profundo y en el que tomen en cuenta estos postulados. Toma como ejemplo los
casos de la adquisición de vacunas para el COVID-19, y aplica las citadas herramientas para
su control y resolución que van más allá de este caso y del Estado uruguayo.
Palabras clave: Transparencia, información pública, límites, condencialidad, proporcionali-
dad, prueba de daño.
Abstract:The purpose of this article is to analyse the right of access to public information
with particular reference to public contracts and its often invoked condentiality clause. To
do so, it begins with the standards developed by the Inter-American Court of Human Rights
in relation to this right, linking them to Uruguayan internal regulations and focusing on its
limits. It examines the main tools used to control restrictions on this right, such as the prin-
ciple of proportionality and the harm test. It postulates that the inclusion of a condentiality
1 Doctora y máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España. Profesora e investigadora de alta ded-
icación del Departamento de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Correo electrónico: maria.garat@ucu.edu.uy
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yotrospaísEsdE latinoaméricaconEspEcialrEfErEnciaaloscontratospúblicos
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ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
ISSN 0718-0195 · Vol. 22 · Núm. 1 · 2024 · pp. 236-266 · DOI: 10.4067/s0718-52002024000100236
clause is not sucient to exempt certain data from public access, but that a more in-depth
examination is necessary, in which specic tools should be applied. The article analyses as an
example the case of the acquisition of vaccines for COVID-19, applying the mentioned para-
meters for their control and resolution, which go beyond this case and the Uruguayan State.
Keywords: Transparency, public information, limits, condentiality, proportionality, damage
test.
1. Introducción
Los índices internacionales otorgan a Uruguay una nota ejemplar en niveles de transparen-
cia y democracia. En 2023, el índice de percepción de corrupción de Transparency Interna-
cional colocó a Uruguay en el puesto 16 de 180 países, con un puntaje de 73 en 1002. Por su
parte, el índice de democracia deThe Economist ubicó a Uruguay en el lugar 14 de 167 países,
con un puntaje de 8.66 sobre 10, colocándolo en el pequeño grupo de “full democracies” que
componen apenas 24 Estados3. Asimismo, en el índice de capacidad para combatir la corrup-
ción de AS/COA y Control Risks, de 2023, Uruguay ocupó el primer lugar en Latinoamérica,
con una puntuación de 6.99 en 104.
Todos estos índices consideran la transparencia y el acceso a la información, además de
otras variables5. Pero veamos también algunas evaluaciones de Uruguay, ya mayormente vin-
culadas con la transparencia y el acceso a la información pública.
En 2021, la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay elaboró un índice
nacional sobre transparencia y acceso a la información en el que evaluó a un total de 228 or-
ganismos, aunque únicamente respondieron 126 (55%)6. De estos últimos, solamente el 44%
poseía un procedimiento documental y público para realizar solicitudes7. Estos datos se co-
rresponden con el índice de transparencia activa en línea elaborado por CaInfo y la Universi-
dad Católica del Uruguay (2020-2021). En este último, de los 226 organismos considerados,
el cumplimiento total es del 36,36%. Se indica que “los Municipios, las Juntas Departamenta-
2 Transparency Internacional (2023).
3 The Economist Intelligence Unit (2023).
4 AS/COA y Control Risks (2023).
5 Al respecto, ver Transparency Internacional (2023), The Economist Intelligence Unit (2023), AS/COA y Control Risks
(2023).
6 UAIP - Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay (2022).
7 Ídem.
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