Actuaciones administrativas sujetas al Derecho Administrativo como presupuesto básico del control jurisdiccional de la Responsabilidad Civil de la Administración
| Autor | Luis Alberto Huamán Ordóñez |
| Cargo del Autor | Docente de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - USAT (Perú) |
| Páginas | 17-32 |
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Responsabilidad civil de la admini stRación pública, pRetensión inde mnizatoRia
y pRocesos contencioso-administRa tivo
capÍtulo i
actuaciones administrativ as sujetas al derecho admi nistrativo
como presupuesto Básico del control jur isdiccional
de la responsaBilidad ci vil de la administración
i. de las actuaciones administrativo - impuGnaBles, sus institutos
satelitales y el oriGen del cont encioso administrativo
Con miras a analizar la pretensión indemnizatoria, un necesario tránsito
por el proceso contencioso - administrativo nos obliga al estudio de las
actuaciones administrativas materia de dicho proceso judicial, esto es,
de las actuaciones administrativas de Derecho administrativo. Debe aquí
indicarse que, con anterioridad a la posibilidad de someter a proceso judicial
el pedido basado en la pretensión indemnizatoria, el esquema tradicional
o típico de enjuiciamiento a la administración aconsejaba considerar al
actuar administrativo -encerrado ardorosamente en el instituto del acto
administrativo previo- como el objeto del proceso de manera tal que, en la
práctica, importaba más al juzgador la posibilidad de que el demandante
actúe como un sujeto denunciante del inadecuado proceder de la actuación
administrativa alterada, precisamente, por la situación de hecho o de derecho
comunicada por el particular de modo que el grado de afectación al sujeto
que acudía a la Jurisdicción no interesaba en tal escenario. De esta manera, el
actuar de la organización jurídico - pública llegaba a ocupar un importante
sitial en el espacio del Derecho procesal.
No en vano, el proceso contencioso - administrativo clásico depositaba, en
su seno, la sana reconducción de la pulcritud administrativa a la legalidad.
Justamente, tal contexto se constituye en la base del denominado
proceso al acto que implica llevar a los Tribunales el actuar de la
administración materializado en un acto administrativo (mas no en
otras actuaciones administrativas tales como la inactividad1 o las vías
1 FeRnández-espinaR y lópez,Luis Carlos, “Aspectos sustancialesy procesales del silencio
administrativo y de la inactividad de la Administración en los Ordenamientos Jurídicos
alemán, francés e italiano”, en: Documentación administrativa, N° 208, CEPC, 1986, pág.
219:“Losordenamientos jurídicosalemán,francés eitalianoregulan deformaanáloga al
español los distintos aspectos de la inactividad administrativa que pueden perjudicar a los
particulares.
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Luis ALberto HuAmán ordóñez
de hecho2) de modo tal que cualquier otro comportamiento, formal o
material administrativo, queda en las antípodas de la tutela judicial. La
justicia era vista, por consiguiente, como una proyección del accionar de
las organizaciones administrativas acuñándose la figura de la actuación
impugnable para identificar que solo el acto administrativo, enfocado en
la proyección de un proceso intelectivo de un sujeto que actúa a nombre
de la administración emitiendo un juicio de valor a nombre de ella, podía
ser sometido a proceso judicial. Dicho entroncamiento respecto de la
noción del proceso al acto con una decisión formal de la administración
llegaba a generar situaciones complicadas al momento de acceder a los
jueces:
Delejos,unadeellas,eslaguradelavíapreviaqueaparececomouna
necesaria pauta básica antes de enjuiciar a la administración pública.
Dicho requerimiento traía, como importante exigencia, el tenerse que
recorrer todo el decurso de un trámite antelado al ejercicio del derecho
de acción de manera tal que, sin vía previa, no había jurisdicción; de
esta manera, el seguimiento escrupuloso de un camino procedimental
previo se constituía en un requisito de procedibilidad de las demandas
contencioso - administrativas atando el ejercicio al derecho de reclamar
justicia de los Tribunales a una reclamación antelada (independientemente
del hecho de que haya o no respuesta de la administración) sin la cual
queda en suspenso la posibilidad de encontrar justicia.
Otro tanto diremos del agotamiento de la vía previa que, como correlato
del escenario anterior, hacía necesario que al recorrerse el procedimiento
anterior a acudirse a la justicia, debía transitarse necesariamente y sin
exclusión alguna todo el camino pre jurisdiccional bajo el bien elaborado
alegato de que, procediendo bajo dicho concepto, la administración
podría repensar su inicial decisión en contra del ciudadano buscando
evitar acudirse a juicio lo cual, en el escenario real, aparecía como una
situación que distaba de ofrecer un escenario de provecho al particular.
En la misma medida, ligado a los escenarios anteriores, se gesta el
instituto del denominado causar estado como un medio jurídico de
Cuando los particulares solicitan la actuación de la Administración y ésta no actúa, es decir,
no adopta el acto administrativo solicitado, los ordenamientos jurídicos de los diferentes
países coinciden en la regulación de unos medios que permitan a los particulares no verse
perjudicados”.
2 Jinesta lobo,Ernesto,“Latutelajurisdiccionalcontralasvíasdehechoolassimplesactua-
cionesmateriales de laadministración pública:la desmiticación delinterdicto por vías
dehecho”,en:Ivstitia,Año12,N°136,abril-mayo1998,pág.10:“CuandolaAdministra-
ciónPúblicarealiza unaactuaciónmaterial grosera,espuriao ilegítimamentecualicada,
se producen los efectos propios de la vía de hecho, esto es, se ve desprovista de sus pre-
rrogativas o privilegios posicionales y se le trata como a cualquier otro sujeto de derecho,
quedando sometida a una normativa formal y sustancialmente distinta como si se tratara
de un particular más”.
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