La acción afirmativa de la primera enmienda
| Autor | David M. O'Brien |
| Cargo del Autor | Profesor de la Universidad de Virginia (Estados Unidos) |
| Páginas | 121-151 |
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LA ACCIÓN AFIRMATIVA DE LA PRIMERA ENMIENDA
CAPÍTULO 4
LA ACCIÓN AFIRMATIVA DE LA PRIMERA
ENMIENDA
En la Primera Enmienda no hay derecho de acceso ni para el público ni para la
prensa a los procedimientos o expedientes judiciales o gubernamentales.
Magistrado William Rehnquist, Gannett Co. v. De Pasquale (1979)
Estas libertades (de la Primera Enmienda) garantizadas expresamente, com-
parten la meta central común de asegurar la libertad de comunicación en
asuntos relacionados con el funcionamiento del gobierno.
Magistrado presidente Warren E. Burger, Richmond Newspapers, Inc.v. Virginia
(1980)
«Casi doscientos años después , sigue habiendo preguntas aún sin respuesta
sobre el lugar en que deberán trazarse los límites de estos derechos (de la Primera
Enmienda)». Con estas palabras concluyó el magistrado William H. Rehnquist la
Conferencia William O. Douglas que dio en 1976 en la Facultad de Derecho de la
Universidad Gonza ga de Spokane, Washington.1 Algo de incertidumbre en el trazo
de esta línea constitucional se produce forzosamente como resultado de la inevita-
ble participación del elemento humano en la toma de decisiones judiciales y de las
circunstancias políticas inexora blemente cambiantes que rode an a la Corte.2
En el siglo XX la interpretación que la Corte dio a la Primera Enmienda se
mantuvo marcadamen te coherente en dos aspectos fundamentales. Como se vio en
el capítulo anterior, por una parte, las cláusulas de lenguaje y de prensa, se conside-
raron históricamente redundantes, y un análisis estructuralista junto con la situa-
ción preferente de la prensa inst itucional fue repudiado de inmediato. Por otra
parte, el alcance de la Primera Enmienda tuvo por objeto gara ntizar la libertad
contra restricciones impermisibles en las comunicaciones, pero no el derecho del
público a demandar y obtener información del gobierno. De un modo tradicional,
la en mienda resultó inadecuada para ordenar constitucionalmente la acción guber-
namental afirmativa para informar a los ciudadanos s obre materiales relacionados
con el establecimi ento de políticas y sobre las institucion es, o p ara concederles
acceso a ellas.
1William H. Reh nquist, «T he First Amendment: Freedom, Phi losophy, and the Law», 12
Gonzaga Law Revi ew 1, 18 (19 76).
2Brown v. Allen, 344 U.S. 443 , 540 (1953) (Jackson, J., con. op.).
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DAVID M. O’BRIEN
En pa labras del magistrado John Paul Stevens, la historia constitucional esta-
blece la «norma general de que los derechos afirmativos de recibir, reunir y de-
mandar acceso a la información del gobierno está n fuer a de los linder os de las
garantías de la Primera Enmienda. Durante su alocución de septiembre de 1979 con
motivo de la ceremonia de dedicación de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Arizona, después de citar la observación del magistrado Blackmun de que «esta
Corte no ha encontra do to davía... ningún derech o d e la Pri mera Enmienda, de
acceso a actuaciones judiciales u otros materiales del gobierno», propuso que «ese
enunciado ide ntifica claramente lo que podría mos c aracterizar como ‘una regla
general’ que actualmente se encuentra en la línea de batalla». Según el magistrado
Stevens, «la regla establece una marcada distinción entre la diseminación de infor-
mación e ideas, por una parte, y la a dquisición de material in formativo valioso, por
la otra». Para concluir agrego: «En tanto que la Corte ha otorgado una protección
punto menos que absol uta a la pri mera, nunca ha dicho que la segunda teng a
derecho a alguna protección constitucional».3
En los años 197 0 l a r egla general estu vo s in duda en la línea de batall a;
crecientemente los miembros de la pr ensa alegaban que la Primera Enmienda con-
cede al público y a la p rensa derechos constitucionales afirmativos para recib ir,
reunir o tener acceso a la in formación e instalaciones del gobierno; en pocas pala-
bras, que la Primera Enmienda contiene un derecho del público a la información
exigible dir ectamente. Los litigios habi dos sobre los derechos afirmat ivos de la
Primera Enmienda, como referentes al excepcionalismo de la prensa, representan
nada menos que una demanda de una revolución constitucional. A diferencia de los
litigios sobre privilegios especiale s de la prensa, las pretension es a los derechos
afirmativos de la Primera Enmienda están bas ados en el análisis funcional de la
propia Corte sobre la enmien da que dice que en forma indirecta asegura los intere-
ses de información del público.
O sea, que aunque tradicionalmente la enmien da solo abarcó la li bertad del
individuo en cuant o a rest ricciones en sus comunicacione s, l os m iembros de la
prensa y algunos constitucionalistas sostienen que los derechos afirmativos a ad-
quirir información existen como corolario de las libertades de la Primera Enmien-
da. Por ejemplo, Thomas Emer son explica: «Reducido a sus términos más simples
(el derecho del público a la información) incluye dos ca racterísticas estrechamente
vinculadas: primera, el derecho a leer, a oír, a ver y a recibir comunicaciones por
cualquier medio; y, segu ndo, el de recho a obtener información como base para
trasmitir ideas o hechos a otros. En su conjunto, estos dos elementos constituyen el
reverso de la moneda del derecho a co municar. Pero la moneda es una sola, es
decir, el sistema de libertad de expresión». En seguida argumenta que «el de recho
a la informa ción sirve, en nuestra socied ad, a la misma función que el derecho a
comunicar, que es esencial a la autorrealización; es también un buen método para
buscar la verdad, o cuando menos la mejor sol ución o respuesta. En una sociedad
democrática es necesario para la toma colectiva de decisio nes».4 Del mismo modo,
el magistrado Thurgood Marshall observó:
3John Paul Stevens, «Some Thoughts About a General Rule», 21 Arizona Law Review 559,
602 (1979), citando Gennett Co. v. DePasquale, 99 S. Ct. 2898, 2922 (1979) (Blackmun, J.
dis. op.).
4Véase Thomas I. Emerson, «Legal Foundations of the Right to Know», 1976 Washington
Law Quarterly 1 .
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