Aborto: parece que era mentira
¿Qué muestra el dictamen de la Contraloría que señala que las instituciones privadas de salud que tienen convenio con el Estado no pueden invocar la objeción de conciencia en materia de aborto? Muchas cosas, pero la primera es que las mentiras tienen patas cortas.
El gobierno de Bachelet dijo una y otra vez que esta no era una ley de aborto, sino una simple despenalización. Sobre esta base, los parlamentarios DC como Carolina Goic o Ignacio Walker justificaron su voto. A quienes criticábamos su postura, nos repetían que se trataba de una mera despenalización.
Si la Contraloría tiene alguna razón, entonces eso significa que no se dijo la verdad. Contamos con un Congreso -y no con una mera asamblea callejera-, porque pensamos que las leyes pueden ser el resultado de un proceso de deliberación racional. El engaño corrompe ese proceso y daña a la democracia.
Al leer el dictamen, sorprende que en ningún caso suponga que lo anunciado por el gobierno de Bachelet era verdad y pudiéramos estar ante una despenalización. Porque una despenalización supone hacer algunos cambios, pero no alterar todo nuestro sistema jurídico hasta el punto de que quien se niega a practicar un aborto aparezca como un bicho raro, como trasunta el dictamen en cuestión.
Pero el dictamen no solo da por hecho que aquí no hay despenalización, sino una ley de aborto común y corriente, de la que emanan auténticos derechos (y no solo la renuncia a un castigo). Además de eso, hace caso omiso de la ley, que sí establece la posibilidad de que las instituciones privadas sean objetoras, sin hacer distinciones. Es más, ni siquiera se toma la molestia de violar esa disposición legal: simplemente la torna inoperante.
En efecto, ¿para qué tipo de instituciones está pensada esa objeción? Obviamente no está ideada para que la invoque el club deportivo Colo Colo; está creada para las instituciones de salud. ¿Cuáles? Solo un estalinista podría pretender que se aplica a todas las clínicas sin distinción. Un establecimiento que no tiene convenios con el Estado puede decir que no practica abortos con la misma libertad con que no realiza operaciones de cataratas.
La objeción de conciencia está pensada precisamente para las instituciones privadas que tienen convenios de salud con el Estado. Si no se aplica a ellas, entonces esa objeción no favorecería a nadie, sería solo un ejercicio verbal de la ley, lo que resulta absurdo.
Al hacer inoperante una objeción establecida precisamente por la ley, la...
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