Sentencia nº Rol 11638-21 de Tribunal Constitucional, 15 de Diciembre de 2021
| Fecha | 15 Diciembre 2021 |
STC Rol N° 6180-19-INA 2021
REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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Sentencia
Rol 11.638-21-INA
[15 de diciembre de 2021]
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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 318 DEL CÓDIGO PENAL
VISTOS:
Introducción
A fojas 1, F.I.C.S., T.I.B.K. y B.W.B.K. deducen requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 318, del Código Penal, en el proceso penal RUC N° 2000894400-9, RIT N° 51-2021, seguido ante el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Puerto Aysén.
Precepto legal cuya aplicación se impugna
(…)
Artículo 318. “El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales.”
Dicho artículo, después de la modificación introducida por la Ley Nº 21.240, publicada el día 20 junio de 2020, actualmente señala:
Artículo 318. “El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de seis a doscientas unidades tributarias mensuales.
Será circunstancia agravante de este delito cometerlo mediante la convocatoria a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio.
En los casos en que el Ministerio Público solicite únicamente la pena de multa de seis unidades tributarias mensuales, se procederá en cualquier momento conforme a las reglas generales del procedimiento monitorio, siendo aplicable lo previsto en el artículo 398 del Código Procesal Penal. Tratándose de multas superiores se procederá de acuerdo con las normas que regulan el procedimiento simplificado.
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Antecedentes y síntesis de la gestión pendiente
El Ministerio Público ha solicitado se aplique a los imputados y requirentes de inaplicabilidad la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, como autores de delito contra la salud pública, por infracción a las reglas higiénicas y de salubridad, previsto y sancionado en el artículo 318 del Código Penal; estando pendiente la audiencia de juicio en procedimiento simplificado ante el Juzgado de Garantía respectivo.
Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal
En cuanto al conflicto constitucional, la parte requirente afirma que la aplicación del precepto cuestionado en el caso concreto importa la infracción de los artículos 19 Nº 2, inciso segundo, y Nº 3, incisos primero, sexto, octavo y noveno de la Constitución Política, dando por vulnerados en la especie los principios de legalidad y de tipicidad, así como el principio de igualdad ante la ley, el debido proceso y el principio de proporcionalidad de las penas.
Así, se postula que el artículo 318 del Código Penal deja el núcleo de la conducta abandonado a una regla infralegal al no indicar el tipo penal los datos que nos permitan desprender de su sola lectura los elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva que se sancionan.
Al señalar el artículo 318 que “el que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio…”, se está dejando claramente el núcleo esencial de la conducta a una norma de rango infralegal, en el caso concreto, meras resoluciones exentas dictadas por el Ministerio de Salud, siendo así el artículo 318 una norma penal en blanco propia, esto es, que necesita remitirse a otra norma para ser complementada, y consecuencialmente la conducta a la que hace referencia la norma es claramente indeterminada y puede tener múltiples formas en razón de los reglamentos higiénicos o de salubridad y sus modificaciones; lo que abiertamente contraría el principio de legalidad dispuesto en la Carta Fundamental, apareciendo como evidente que el artículo impugnado no describe una conducta que satisfaga las exigencias constitucionales de lege scripta y certa.
Asimismo, el precepto cuestionado es contrario al principio de proporcionalidad de las penas, integrante de la garantía del derecho a un procedimiento y a una investigación racionales y justos, establecido en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental. En efecto, el principio de proporcionalidad de las penas, definido como adecuación o correspondencia que debe existir entre la gravedad del hecho y la reacción penal que ella suscita, junto con encontrar su fundamento en la noción de Estado de Derecho y en la dignidad de la persona humana, se encuentra reconocido también en la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos del mismo artículo 19 N° 3 constitucional, y manifestado en la prohibición de exceso en la reacción punitiva del Estado, como opera en la especie en que el Ministerio Público goza de un margen de discrecionalidad demasiado amplio en cuanto al procedimiento y a la pena posiblemente aplicable, lo que afecta la seguridad jurídica además del principio de razonabilidad y la igualdad ante la ley.
Se agrega que, en el caso concreto, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, ordenó la apertura de sumario sanitario respecto de los mismos requirentes. Luego, por Resolución N°2011141, de 29 de septiembre de 2020, por Resolución N°2011168, de 29 de septiembre de 2020, y por Resolución N°2011140, de fecha 29 de septiembre de 2020, agregadas a fojas 69, 71 y 73, consta se condenó a los requirentes al pago multa de 5 unidades tributarias mensuales, condena que fue debidamente cumplida en sede administrativa. En esta parte, señala el requerimiento que “Con la tramitación de esta causa se está vulnerando abiertamente el principio non bis in ídem, con lo cual se atenta, también, contra el principio de la proporcionalidad de la pena, ya que se está castigando o se está persiguiendo castigar los mismos hecho con dos sanciones diferentes, lo cual viene a ser un abuso de jus puniendi del Estado (…). Se vulnera abiertamente el principio non bis in ídem, que se manifiesta en dos variantes: nadie puede ser castigado dos veces por unos mismos hechos y nadie puede ser sometido a más de un proceso por una misma causa (fojas 14).
Tramitación y observaciones al requerimiento
El requerimiento fue admitido a trámite y declarado admisible por la Primera Sala del Tribunal, misma que ordenó la suspensión del procedimiento en la gestión judicial invocada.
Conferidos los traslados de fondo a las demás partes y a los órganos constitucionales interesados, fueron formuladas observaciones sobre el fondo por el Ministerio Público instando por el rechazo del libelo de inaplicabilidad.
Indica que los preceptos penales que establecen sanciones no contienen parámetros de determinación de la pena, ni les es exigible que los contengan, desde que se contienen en otra preceptiva del mismo Código Penal. Sin perjuicio de ello, un examen concreto en torno al principio de proporcionalidad y la igualdad ante la ley, debe considerar que en algunos casos concretos se ha solicitado por el Ministerio Público el mínimo de las penas posibles, esto es, multa de 6 unidades tributarias mensuales, lo que evidencia que en el requerimiento se formula una crítica abstracta y teórica, ajena al control concreto propio de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Hace presente además el Ministerio Público su autonomía constitucional para ejercer en su caso una acusación y requerir una pena, pero es finalmente el tribunal competente el que está dotado de facultades para imponerla, de modo que en la especie no se vislumbra infracción alguna al principio de proporcionalidad.
Y, en lo concerniente a la alegación de que se trataría de una ley penal en blanco, y a la infracción del principio de legalidad, señala que resultan constitucionalmente admisibles, siguiendo la jurisprudencia de esta M., las leyes cuya remisión para describir la conducta punible se encuentra en otra ley o en una norma originada en la instancia legislativa, así como aquellas que señalen expresamente la norma de remisión, aun cuando no sea de origen legislativo, con descripción del núcleo esencial de la conducta, como acontece en la especie, donde hay un reenvío a las reglas que dicte la autoridad, pero, el núcleo de la conducta está descrita y acotada con todos sus elementos en el propio precepto legal, ajustándose así a los parámetros constitucionales de taxatividad.
Agrega el Ministerio Público que en la especie tampoco se ve afectado el principio ne bis in ídem, pues aquello está cabalmente fuera de la órbita del artículo 318 del Código Penal, que no contiene elemento alguno que suponga o amenace la sanción doble que se objeta, desde que esto último derivaría, por la existencia de un procedimiento de naturaleza administrativa. Dicho procedimiento administrativo es un elemento o circunstancia que bien puede formar parte de la discusión del caso, pero no es un elemento derivado del precepto legal objetado.
Vista de la causa y acuerdo
Traídos los autos en relación, en audiencia de Pleno del día 17 de noviembre de 2021, se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificados por el Relator, quedando adoptado el acuerdo y la causa en estado de sentencia con la misma fecha.
Y CONSIDERANDO:
Este y otros requerimientos impugnan la aplicación del artículo 318 del Código Penal en procesos penales seguidos contra personas que habrían infringido diversas resoluciones exentas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, por las cuales se disponen restricciones de conducta a los...
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