Sentencia nº Rol 10873-21 de Tribunal Constitucional, 7 de Diciembre de 2021
| Fecha | 07 Diciembre 2021 |
STC Rol N° 6180-19-INA 2021
REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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Sentencia
Rol 10.873-21-INA
[7 de diciembre de 2021]
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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 768, INCISO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
CONDOMINIO PARQUE MONASTERIO II Y OTROS
EN EL PROCESO ROL C-25088-2016, SOBRE DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EN PROCEDIMIENTO SUMARIO, SEGUIDO ANTE EL VIGÉSIMO JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SANTIAGO, EN ACTUAL CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, POR RECURSO DE APELACIÓN, BAJO EL ROL N° CIVIL-15.163-2019 (15.164-2019 Y 3355-2020 ACUMULADAS).
VISTOS:
Introducción
A fojas 1, C.P.M.I. y otros deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, en el proceso Rol C-25088-2016, sobre demanda de indemnización de perjuicios en procedimiento sumario, seguido ante el Vigésimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol N° Civil-15.163-2019 (15.164-2019 y 3355-2020 acumuladas).
Precepto legal cuya aplicación se impugna
El precepto legal cuestionado dispone que:
En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 sólo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de este artículo y también en el número 5° cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido.
Antecedentes y síntesis de la gestión pendiente
En cuanto a la gestión judicial en que incide el requerimiento, esta corresponde a un proceso sobre demanda de indemnización de perjuicios en procedimiento sumario juicio especial regido por los artículos 18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y con aplicación de las normas especiales para protección del interés colectivo de los consumidores, conforme a la Ley N° 19.496, y en que la requirente -Condominio Parque Monasterio II y otras 12 personas naturales- es parte demandante, en contra de diversas sociedades, del giro inmobiliario, construcción, arquitectura e inspección técnica y personas naturales que las representan, solicitando se las condene al pago de la indemnización de los perjuicios sufridos a consecuencia de graves fallas y defectos de diseño y/o constructivos en los departamentos y bienes comunes de los dos edificios del Condominio Parque Monasterio II, ubicado en la comuna de Lo Barnechea. La causa se caratula CARRERA Y OTROS con DUCH Y OTROS, y se sustancia actualmente ante la Corte de Apelaciones de Santiago (rol de ingreso número 3355-2020, acumulada a los autos rol 15163-2019 junto con el rol de ingreso número 15164-2019).
En este proceso, el Vigésimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago (Rol C-25088-2016), por sentencia de 30 de agosto de 2019 rechazó la demanda en todas sus partes, ante lo cual la actora dedujo recursos de casación en la forma, con apelación en subsidio. La causal de casación forma invocada es la de omisión de las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia de primera instancia, del artículo 768, N° 5, en relación al artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, y la causa se encuentra pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal
En cuanto al conflicto constitucional, la parte requirente afirma que la aplicación del impugnado inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto determina que en los juicios regidos por leyes especiales, como aquél concernido en la especie, no puede interponerse recurso de casación en la forma por la causal de omisión de las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, importa en el caso concreto la vulneración del artículo 19, numerales 2, 3 y 26 de la Carta Fundamental.
Así, denuncia la actora la infracción a la proscripción de que la ley establezca diferencias arbitrarias, así como la vulneración del derecho al debido proceso, desde que la aplicación de la norma impugnada -que es decisiva para la resolución del asunto- vulnera su derecho a un procedimiento racional y justo, al privarla de su derecho a un recurso anulatorio contra una sentencia dictada con vicios -y carente de motivación-, en el marco del derecho al recurso y a la tutela judicial efectiva, dejando a la parte requirente sin su derecho a defensa en juicio. Asimismo se afectan en su esencia las garantías de igualdad y debido proceso, al privársele de sus elementos consustanciales.
Tramitación y observaciones al requerimiento
El requerimiento fue admitido a trámite y declarado admisible por la Primera Sala del Tribunal.
Conferidos los traslados de fondo a las demás partes y a los órganos constitucionales interesados, fueron formuladas observaciones dentro de plazo, por Ruiz-Tagle Vicuña Arquitectos SpA y otros (fs. 883), por Inmobiliaria VM S.A, C.G.S. y otros (fs. 896), y por C. y Compañía S.A. y otros (fs. 908), solicitando todos el rechazo del requerimiento deducido en todas sus partes.
En sus presentaciones, los arquitectos, constructores, sociedades y personas naturales demandadas en la gestión sublite, afirman que no se genera en la especie ninguna de las infracciones constitucionales denunciadas, ni se amagan los derechos contemplados en los numerales 2, 3 y 26 del artículo 19 constitucional.
Agregan que luego de ser vencidas las actoras, acuden ante esta Magistratura Constitucional con el ilegítimo fin de dilatar el procedimiento y obstaculizar la expedición de las sentencias definitivas por los tribunales que conocen del fondo del asunto.
A continuación, reiteran alegaciones de inadmisibilidad, invocando al efecto la concurrencia de las causales contenidas en los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional, en atención a que los preceptos legales impugnados no van a ser decisivos en la resolución del asunto y, además, que el libelo carece de fundamento plausible, al tiempo que la requirente ha resultado perdidosa en la primera instancia por no acreditar los hechos ni el daño reclamados. Luego, las demandas se rechazaron por falta de prueba, y se encuentran debidamente fundadas. En este sentido, se indica que de acogerse la inaplicabilidad impetrada, no se generará efecto alguno frente a la parte requirente que ya resultó totalmente vencida por no acreditar daño alguno.
A continuación, y en el fondo, se afirma que de artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil no afecta el derecho de la actora al debido proceso, ya que, junto con la facultad exclusiva del legislador de establecer recursos procesales y restricciones a los mismos, la limitación a la interposición del recurso de casación en la forma en los procedimientos especiales, no vulnera dicha garantía constitucional; toda vez que, además de ser la casación en la forma un recurso extraordinario y de derecho estricto, la requirente no puede pretender vía acción de inaplicabilidad- generar a su respecto un recurso procesal que la ley no le franquea.
Tampoco se afecta en la especie la igualdad ante la ley ni el derecho al recurso, toda vez que la limitación se aplica por igual a todos los intervinientes en el juicio, lo que igualmente determina que en este caso no se vislumbra afectación del derecho a la tutela judicial efectiva de la requirente, ni tampoco que se afecten en su esencia estos derechos; motivos todos por los cuales solicitan todas las partes demandadas en la respectiva gestión judicial, que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad deducido, en todas su partes.
Vista de la causa y acuerdo
Traídos los autos en relación, en audiencia de Pleno del día 29 de septiembre de 2021, se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificados por el Relator, quedando adoptado el acuerdo y la causa en estado de sentencia con la misma fecha.
Y CONSIDERANDO:
Que, las requirentes piden en estos autos la declaración de inaplicabilidad del artículo 768 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, por cuanto su aplicación resultaría contraria a la Constitución, al impedirles recurrir de casación en la forma en contra de la sentencia del Vigésimo Juzgado Civil de Santiago que rechazó sus demandas de indemnización de perjuicios, dado que dicho arbitrio tendría que ser desestimado, in limine, por el Tribunal de Alzada ante el cual se encuentra pendiente.
Ello, en atención a que la norma legal impugnada, precisamente, lo prohíbe por la causal que invocan, consistente en haberse omitido las consideraciones de hecho y de derecho, especialmente, en relación con la responsabilidad que cabría a los demandados en lo relativo a lo que consideran publicidad engañosa, lo cual resultaría contrario al artículo 19 N° 2°, 3° inciso sexto y 26° de la Constitución;
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MARCO CONSTITUCIONAL
Que, si bien la Constitución no consigna expresamente cuál debe ser el contenido de una sentencia, tal como lo ha señalado reiteradamente esta M., el estándar requerido por la Carta Fundamental puede ser inferido del tenor y de la aplicación conjunta y sistemática de diversos preceptos constitucionales, en cuanto se ordenan a asegurar -con igualdad entre las partes- el respeto del derecho a un procedimiento racional y justo;
Que, en efecto, ese estándar se deduce, en primer lugar, del artículo 6° de la Constitución al...
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