Sentencia nº Rol 10156-21 de Tribunal Constitucional, 31 de Marzo de 2021
| Fecha de Resolución | 31 de Marzo de 2021 |
| Emisor | Tribunal Constitucional |
REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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Sentencia
Rol 10.156-2021
[30 de marzo de 2021]
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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LA EXPRESIÓN “EN FORMA ABSOLUTA”, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 9°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 21.226, QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN JURÍDICO DE EXCEPCIÓN PARA LOS PROCESOS JUDICIALES, EN LAS AUDIENCIAS Y ACTUACIONES JUDICIALES, Y PARA LOS PLAZOS Y EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE INDICA, POR EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN CHILE
DAYMO ALEJANDRO JIRÓN GUTIÉRREZ
EN EL PROCESO PENAL RUC N° 1900751372-3, RIT N° 310-2020, SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE ARICA
VISTOS:
Con fecha 21 de enero de 2021, D.A.J.G., ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la expresión “en forma absoluta”, contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, en el proceso penal RUC N° 1900751372-3, RIT N° 310-2020, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica.
Precepto legal cuya aplicación se impugna, en la parte destacada:
(…)
Artículo 9°.- En los procedimientos judiciales en trámite ante las Cortes de Apelaciones o ante la Corte Suprema, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, podrá solicitarse por alguna de las partes o intervinientes, la suspensión de la vista de la causa o de la audiencia, alegando cualquier impedimento generado por la calamidad pública o por la emergencia sanitaria, ocasionadas por la enfermedad COVID-19.
En las causas de los procedimientos contemplados en el Código Procesal Penal y en el Código de Procedimiento Penal, en que hubiere persona privada de libertad, solo se podrá alegar la causal del inciso primero cuando el impedimento obstaculice en forma absoluta que alguna de las partes o intervinientes pueda ejercer las facultades que la ley le otorga.
(…)
.
Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal
El requirente refiere que enfrenta acusación por delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, fijándose audiencia de juicio oral por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica.
Indica que el precepto legal, en su parte impugnada, genera contravenciones al art. 19 N° 2 y 3 de la Constitución, al obligarle a enfrentar audiencia de juicio oral por vía remota, en la que no podrá ejercer en plenitud el derecho a defensa.
Argumenta, en consecuencia, diversas vulneraciones a la Constitución:
Refiere, en primer término, que el precepto legal impugnado infringe el artículo 19 Nº 3, inciso sexto. Señala que las dificultades prácticas que implica la realización de un juicio oral penal no presencial alteran la calidad de la información de la prueba que se pretende incorporar a juicio, en la medida que se excluye la inmediación propia de un juicio oral, a consecuencia de que la norma impugnada obliga a hacerlo, el acusado se ve expuesto necesariamente a un juicio de menor calidad, vulnerando el proceso previo legalmente tramitado y con ello el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución.
Añade que se vulnera el artículo 19 Nº 3, inciso segundo, de la Constitución Política. Expone que para asegurar el respeto a las garantías de la persona imputada que se enfrenta al proceso penal, debe existir una comunicación permanente entre el representado y su letrado, particularmente en la audiencia de juicio oral. La disposición cuestionada posiciona al acusado en una situación de indefensión, sin la debida compañía y asesoramiento de aquel que es imprescindible para poner al acusado en posición de poder hacer valer sus planteamientos efectivamente.
Indica que la norma sólo permite suspender audiencias de juicios orales en casos de limitantes que cercenen el derecho a defensa de forma radical, elevando el estándar para pedir suspensión hasta el punto de que derechamente se deba enfrentar una imposibilidad física para su ejercicio.
Por ello, señala que pueden existir limitaciones, pero al no ser de corte absoluto, no se consideran irrelevantes, obligándose así a los requirentes a enfrentar un juicio con limitaciones, no en plenitud de derechos. Con ello no es posible brindar una debida asesoría, implicando cada limitación una perturbación y restricción al real ejercicio de la defensa material. Atendido los ritmos y velocidades que tienen los Juicios Orales, se genera la imposibilidad de intervenir adecuadamente, porque hay elementos de hecho cuya controversia pudiese provenir del imputado, para luego ser plasmadas por la defensa en el contraexamen de testigos, de manera silenciosa y sin advertencia a estos, para no coartar la sorpresa de la respuesta inesperada del deponente que acredita la teoría del caso de la Defensa.
A lo anterior agrega transgresión al artículo 19 Nº 2 de la Constitución. Señala que, de todas las vulneraciones al derecho a defensa y debido proceso identificadas precedentemente, enfrenta un enjuiciamiento en desventaja respecto de cualquier otro acusado que tenga la oportunidad de realizar su juicio de forma presencial, estableciéndose una diferencia arbitraria que no obedece a ningún tipo de parámetro objetivo para efectos de establecerla.
Por lo expuesto solicita que sea declarada la inaplicabilidad de la disposición cuestionada, en la parte ya indicada.
Tramitación
El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala con fecha 29 de enero de 2021, a fojas 83, disponiéndose la suspensión del procedimiento y su admisibilidad, confiriéndose traslados de fondo.
A fojas 92, con fecha 18 de febrero de 2021, evacúa traslado el Ministerio Público
Indica que la postergación de los juicios orales provoca enormes dificultades para el ejercicio de la jurisdicción y desde luego a la persecución penal, considerando especialmente que en la generalidad de los casos traídos a conocimiento del Tribunal, el ejercicio del requerimiento tiene lugar una vez que se han resuelto todas las incidencias de postergación previamente formuladas y casi siempre en el último momento antes del inicio de los juicios fijados con bastante antelación, lo que provoca, además, incertidumbre para todos los llamados a concurrir al juicio, como víctimas, testigos, peritos, intervinientes y el propio tribunal.
Añade que, atendido lo anterior, y sin perjuicio de las dificultades anotadas, y con el fin de propender a la pronta resolución de la cuestión planteada, es que no hace oposición al requerimiento.
Vista de la causa y acuerdo
En Sesión de Pleno de 17 de marzo de 2021 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificado por el relator, adoptándose acuerdo con igual fecha.
Y CONSIDERANDO:
-
ANTECEDENTES PRELIMINARES. CASO CONCRETO Y CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Que, C.F.M., J.R.Q., M.B.L. y S.U.d.R., abogados de la Defensoría Penal Pública, actuando en representación de don D.A.J.G., dedujeron requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad respecto del artículo 9, inciso segundo de la Ley Nº 21.226, que establece un régimen Jurídico de Excepción para procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile.
Que, conforme al certificado emitido por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, como consta a foja 15, de fecha 15 de enero del 2021, se certifica que la causa RIT Nº 310/2020, seguida en contra del acusado, está en estado de tramitación y la audiencia de juicio oral se encontraba programada para el día 29 de enero del 2021. Asimismo, certificó que el acusado se encuentra sujeto a las medidas cautelares del artículo 155 letras c) y d) del Código Procesal Penal, correspondientes a firma semanal, y arraigo nacional, asimismo hace presente que el acusado, a la época de esta certificación se encontraba privado de libertad en calidad de imputado, a propósito de la causa RIT 1907-2020, del Juzgado de Letras y Garantía de P.A..
En este sentido, cabe hacer presente que el actor intenta que se declare la INA de la expresión “en forma absoluta”, contenida en el inciso segundo del artículo 9, de la Ley Nº 21.226.
Para ello, la requirente aduce que es un hecho indiscutido que la realización de un juicio por video conferencia acarrea dificultades para el ejercicio pleno de los derechos del acusado; especialmente considerando que se encuentra privado de libertad en la ciudad de Alto Hospicio, lo que ha implicado dificultades para preparar adecuadamente la defensa para juicio oral , además la teoría del caso de la defensa implica el contra examen a todos los testigos por la teoría absolutoria.
Por consiguiente, precisa que...
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