Sentencia nº O-79-2019 de Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, 17 de Junio de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 795584565

Sentencia nº O-79-2019 de Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, 17 de Junio de 2019

Fecha de Resolución17 de Junio de 2019
EmisorJuzgado de Letras del Trabajo de Copiapó

PROCEDIMIENTO: APLICACIÓN GENERAL

MATERIA: RECONOCIMIENTO DE RELACIÓN LABORAL, DESPIDO INJUSTIFICADO, NULIDAD DEL DESPIDO Y PRESTACIONES.

DEMANDANTE: L.A.B.A.

ABOGADO DEMANDANTE: JULIO BERENGUELA AVENDAÑO - LUIS NEHME BOGGIONI

DEMANDADA: SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL - SENDA

ABOGADO DEMANDADA: ASUME DEFENSA CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO - FISCO DE C.E.M.T.

RUC 19-4-0172247-8

RIT O-79-2019 /

Copiapó diecisiete de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS, OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ante este Juzgado de Letras del Trabajo se inició causa RIT O-79-2019, RUC 19-4-0172247-8, por comparecencia de don L.A.B.A., chileno, casado, psicólogo, cédula de identidad N°13.221.888-9, con domicilio en Cancha Rayada 1063, Tierra Viva VIII de la ciudad de Copiapó, exponiendo que deduce demanda por declaración de existencia de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de indemnizaciones y prestaciones adeudadas en contra de su ex empleador Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, R.N.° 61.980.170-9, representada legalmente por su Director don C.F.C.F., cédula de identidad N° 10.380.316-0, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en Agustinas N°1235, piso 9°, comuna de S.. Actuaciones en las que actúa con la asesoría de los abogados señores JULIO BERENGUELA AVENDAÑO y L.J.N.B..

SEGUNDO: Funda su demanda señalando respecto de la vinculación con la demanda, que ingresó con fecha 20 de agosto de 2012 en cargo de Gestor de Calidad, precisando que el objetivo general del cargo era entregar asesoría técnica - clínica en la gestión de la calidad a los equipos de los centros de tratamiento y rehabilitación de drogas y alcohol en convenio de la región, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la respuesta a la problemática a de las personas usuarias de los programas. El 6 de noviembre de 2013, asumió el cargo de Gestor de Tratamiento, el cual implica mayor responsabilidad y funciones, cuya principal función de este cargo era gestionar, implementar, controlar y mantener en funcionamiento la red integral en tratamiento y rehabilitación de drogas y/o alcohol en la región y su vínculo con el desarrollo territorial, con el objetivo de avanzar en el acceso, equidad, oportunidad y calidad de respuesta en ésta problemática. Lo anterior se comprueba con oficio N° 4146 del 06 de noviembre del año 2013, este cargo lo ejecutó hasta el 31 de diciembre de 2018, puntualizando que dentro de otras funciones anexas debía firmar estados de pago junto al jefe de administración y finanzas (contrata): Para ello se vinculó con la demandada a través de sucesivos y continuos contratos de prestación de servicios a honorarios, los cuales, a lo largo del tiempo tuvieron distinta denominación, suscritos año a año entre las partes y que da cuenta de las siguientes circunstancias: que debía prestar funciones de asesoramiento al Director Regional y autoridades de la Región de Atacama en materias relativas a tratamientos y rehabilitación, gestionar administrativa, técnica y políticamente la implementación de la oferta de tratamiento para personas con consumo problemático de alcohol y drogas, gestionar los diferentes centro de tratamiento de la región, debía firmar estados de pagos junto al jefe de administración y finanzas. Indica que se mantuvo la totalidad del tiempo de permanencia en este servicio, cumpliendo horario de lunes a viernes, y en horarios extras si así lo dispusiese su jefatura, en este caso el o la director (a) del servicio. En este sentido no existía compensación económica, si horaria, lo cual debía solicitarse mediante oficio a principio de cada mes. Refiere que su asistencia era registrada hasta el año 2017 mediante libro de asistencia de entrada y salida y luego el 2018 a través de reloj biométrico. Cada contrato de prestación de servicios a honorarios -habidos entre las partes- fueron celebrados entre en forma continua y sucesiva, es decir, no existió solución de continuidad entre el 20 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2018; iniciando estos con sus labores el día 20 de agosto de 2012 y se extendió hasta el 31 de diciembre del mismo año, a partir del 1 de enero de 2013, los sucesivos contratos anuales se pactaron invariablemente por el término de un año, esto es, fijando como plazo máximo de contratación el día 31 de diciembre de cada año, recibiendo como contraprestación por estos servicios un honorario solucionado en doce cuotas mensuales, iguales y sucesivas, pagados el último día hábil de cada mes efectivamente prestado los servicios; previa emisión de boleta de honorarios y el mes de diciembre debía emitir un informe en el que debía indicar y/o detallar los resultados obtenidos y/o productos generados y actividades realizadas durante todo el año. En cuanto al año 2018 se pagó a razón de $1.608.457 (un millón seiscientos ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos), mensuales, valor que constituye última remuneración mensual de acuerdo al artículo 172 del Código del Trabajo. Reitera que tales instrumentos dan cuenta de sucesivos contratos de prestación de servicios entre las partes, que en los hechos, sus funciones se materializaron bajo los mismos elementos, condiciones y/o circunstancias de una relación laboral, habida consideración que, no sólo es posible identificar en dicho negocio jurídico la existencia de servicios y el pago de una contraprestación en dinero por aquellos, sino que además, actos, conductas y actuaciones propios de un vínculo de subordinación o dependencia que inevitablemente nos permite calificarlo de laboral, toda vez que: estaba sujeto a una jornada de trabajo; hacía uso de 15 días de vacaciones anuales, existía un control jerárquico y fiscalización inmediata sobre mis funciones; recibía instrucciones continuas y permanentes de aquellas personas que ejercían cargos y/o funciones de jefatura al interior del establecimiento donde prestaba servicios; a su turno daba instrucciones particulares o generales a otros compañeros de labores que se encontraban subordinados jerárquicamente; manejaba recursos del servicio, etc. Hace presente que la jornada laboral, si bien los instrumentos en cuestión establecen que los servicios de la demandada debían materializarse durante 44 horas semanales, en los hechos de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas, y los viernes de 08:30 a 16:30 horas, siendo obligado, por esta circunstancia, a registrar su asistencia en el sistema de control de horario, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las horas semanales de prestación de servicios. Señala sujeción de un control y fiscalización inmediata, asimismo, el acatamiento de instrucciones continuas y permanentes de su jefatura, si bien los sucesivos contratos a honorarios, contemplan que no existe vínculo de subordinación o dependencia, en la práctica, existen una serie de antecedentes que permiten sostener que entre los contratantes el vínculo contractual era de esta naturaleza. En cuanto al término, refiere que con fecha 31 de diciembre de 2018 se le entregó la carta o aviso, cuyo tenor transcribe, insertando una imagen de esta misiva, que en lo sustancial señala: “…Por medio de la presente y considerando que su convenio de honorarios a suma alzada para' desempeñarse' en este Servicio expira el 31 de diciembre de 2018, vengo en informarle que se ha determinado no suscribir uno nuevo para el año 2019.” Recordando el criterio jurisprudencial imperante en diversos dictámenes de Contraloría General del a República “…la autoridad no está obligada a suscribir un nuevo convenio a honorarios a suma alzada, una vez cumplido el plazo de duración de sus convenios.” Documento que aparece firmado por el señor M.A.M.P., J. de División de Administración y Finanzas del demandado de esta causa.

En cuanto a la calificación jurídica de la relación habida entre las partes y su vigencia menciona que el ordenamiento jurídico nacional en materia de Derecho Público se apoya en un principio esencial denominado “Principio de Legalidad” el que se encuentra establecido primordialmente en la Constitución Política de la República, en especial, artículos 6 y 7, disponiendo que los órganos y autoridades del estado actúan válidamente previa investidura regular del cargo y dentro del ámbito de sus atribuciones; pud9iendo hacer solo lo que está permitido. Planteando que desde esta perspectiva y siendo el demandado un servicio público dependiente del Ministerio del Interior, con personalidad jurídica y patrimonio propios, debe sujetar necesariamente su actuar a la Constitución y las leyes. Continúa indicando que las personas contratadas a honorarios por el Estado, como su caso, deben hacerlo conforme el artículo 11 de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, citando tenor: “ Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera. Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.” “Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto" Exponiendo que de ello se desprende que los requisitos para contratar a título de “honorarios” son: a) Profesionales y técnicos de educación superior; expertos en determinadas materias; extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera, cuando deban...

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