Sentencia nº Rol 4422-18 de Tribunal Constitucional, 7 de Mayo de 2019

Santiago, siete de mayo de dos mil diecinueve. VISTOS: Con fecha 1 de marzo de 2018, Sociedad Support Services Ltda., representada convencionalmente por J.M.Z., ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo 8° del DL N° 3.607, en autos infraccionales Rol N° 21361-1-2017, seguido ante el Primer Juzgado de Policía Local de Providencia, en conocimiento en la actualidad por la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación. Precepto legal cuya aplicación se impugna El texto del precepto impugnado dispone, en su parte ennegrecida: “D.L.N.° 3.607 (…) Artículo 8°.- A requerimiento del intendente respectivo, formulado directamente o a través del gobernador que corresponda, y previo informe de la Prefectura de Carabineros fiscalizadora, conocerá de las contravenciones a esta ley, con excepción de la sancionada en el inciso tercero del artículo 5° bis, el Juzgado de Policía Local competente, conforme al procedimiento de la ley N° 18.287. Las multas que los Juzgados de Policía Local apliquen por las contravenciones señaladas en el inciso primero, tendrán un mínimo de veinticinco ingresos mínimos mensuales y un máximo de ciento veinticinco, tratándose de la primera infracción. En caso de reincidencia, desde la última cantidad hasta doscientos cincuenta ingresos mínimos mensuales. Si durante el transcurso del proceso el denunciado acreditare haber dado cumplimiento, en cualquier tiempo, al hecho cuya omisión constituye la infracción que motivó la denuncia, el juez podrá dictar sentencia absolutoria.”. Síntesis de la gestión pendiente R. la actora que otorga servicios de guardias de seguridad privados a diversas empresas. En dicho contexto se planteó requerimiento en su contra por la Intendencia de la Región Metropolitana por haber presuntamente vulnerado lo dispuesto en el aludido D.L.N.° 3607, y en el D.S. N° 93, de 1985, del Ministerio de Defensa Nacional. Agrega que en diciembre de 2017 fue dictada en sede de Policía Local sentencia de primera instancia, condenándola al pago de 25 ingresos mínimos mensuales por sorprenderse a trabajadores de sus dependencias desempeñando funciones de guardia de seguridad sin haber sido sometidos al proceso de capacitación obligatorio impartido por la autoridad competente. Contra esa decisión interpuso recurso de apelación para conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago. Comenta que la multa aplicada resulta desproporcionada, sujeta a la mera arbitrariedad del juez y falta de proporcionalidad si se le compara con la sistemática del D.L.N.° 3607. A fojas 8 del requerimiento, analiza la historia legislativa en torno a los vigilantes privados, dando cuenta de que existiría, conforme refiere a fojas 9, una dispersión de normas que dificultan su conocimiento y abordaje de manera integral, no adecuándose a un mercado complejo. Ello se expresa, entre otras dificultades, mediante el sentido de que la norma consagra una sanción genérica aplicable a todas las contravenciones a la ley, incluyendo las diversas hipótesis tratadas en el artículo 5° bis. Señala, verificando en un cuadro las multas que es susceptible de aplicar conforme a la normativa que se cuestiona, que además ello no se corresponde con la valoración que el Estado otorga a los bienes jurídicos protegidos, castigándose con multas más drásticas, situaciones como las del caso concreto, esto es, falta de capacitación del personal, a diferencias de otras multas con pisos mínimos menores. Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal Lo sitúa normativamente en torno al artículo 19, N°s 2, 3, inciso sexto, y 7, en relación con los artículos 6° y 7°, de la Constitución y, del artículo 5°, inciso segundo, vinculado con el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19, N° 26, de la Constitución. Refiere que la aplicación de una sanción por mandato legal de la norma que se cuestiona, para un hecho de menor impacto social, esto es, falta de acreditación de capacitación de un guardia de seguridad que no porta armas, consistente en una multa que es mayor a la que el legislador obliga aplicar en casos más reprochables, no cumple con el principio de proporcionalidad. Enuncia que si bien la disposición cumple con la finalidad de castigar la infracción a las obligaciones que prevé la ley, no concurre idoneidad ni coherencia con el fin perseguido. Unido a ello, no se supera el test de necesidad: el daño causado es mayor a lo necesario, habida cuenta de que en otras hipótesis el legislador contempló multas más bajas. Comenta que el no pago de la multa aplicada trae como consecuencia la privación de libertad, por lo que se ve en peligro la libertad personal de los representantes de la empresa multada. Así resultaría evidente la desproporción con la grave afectación de derechos fundamentales que la norma posibilita. La graduación permite al juez aplicar, a su arbitrio, sin mayor argumento para el sentenciado, una amplia gama de posibilidades que van desde los 25 hasta las 125 o 250 ingresos mínimos mensuales, según el caso. La disposición no contempla mecanismos objetivables con que el juez adecúe su decisión al caso y permiten al justiciable comprender el criterio aplicado, quedando, así, en indefensión. Por lo expuesto, argumenta que se aplicó una sanción que no es proporcional, fijada en forma arbitraria, al carecer la norma impugnada mecanismos objetivos de graduación para que el juez decida como ciertas directrices. Así se infringe el debido proceso, corriendo peligro la libertad individual del requirente. Requiere la declaración de inaplicabilidad con la finalidad de que el Tribunal de Alzada, al conocer del recurso pendiente, se vea impedido de aplicar la norma, debiendo resolver, así, conforme a derecho. Por ello solicita sea acogida la presentación de fojas 1. Tramitación El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, con fecha 8 de marzo de 2018, a fojas 34, disponiéndose la suspensión del procedimiento. A su turno, en resolución de fecha 27 de marzo del mismo año, a fojas 132, se declaró admisible, confiriendo traslados de estilo. Observaciones del Consejo de Defensa del Estado Solicita el rechazo del requerimiento. La resolución condenatoria aplicada a la actora se enmarca en un juicio por responsabilidad infraccional, que tuvo su origen en una denuncia formulada por la Oficina de Seguridad Privada O.S.10 de Carabineros de Chile, la que mediante el procedimiento administrativo de rigor había constatado que la empresa requirente fue sorprendida prestando servicios de seguridad privada, manteniendo personal sin contar con la capacitación obligatoria y la autorización de Carabineros requeridas por la ley. Así la entidad policial emitió informe en marzo de 2017, enviando los antecedentes a la Intendencia de la Región Metropolitana, servicio que cumplió con su obligación de denunciar judicialmente los hechos mediante requerimiento, ingresado en mayo de 2017 al Primer Juzgado de Policía Local de Providencia. En sede judicial, la empresa no se presentó al comparendo de contestación y prueba ni, en el curso del juicio, pudo desvirtuar en modo alguno los cargos imputados respecto de sus trabajadores, dictándose sentencia en diciembre de 2017, condenándola al pago de 25 ingresos mínimos mensuales, a la que apeló para ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El requerimiento debe ser rechazado se solicita por el Consejo de Defensa del Estado. Se impugnan cuestiones relativas a materias de interpretación legal, lo que escapa al control concreto de constitucionalidad. Son los jueces de fondo los llamados a establecer el sentido en que la norma debe ser aplicada al caso concreto. Al Tribunal Constitucional no le corresponde aplicar los preceptos legales impugnados, en el sentido de dilucidar su significado y subsumir las conductas en examen de tipo legal, siendo su labor determinar si la descripción que hace la ley tiene un contenido que respete la Constitución, de modo que el juez del fondo pueda realizar la aplicación al caso concreto a la luz de los hechos y pruebas aportadas. Con estos autos se persigue lograr una sentencia interpretativa en el ámbito legal, lo que escapa a su labor. Unido a ello refiere que lo que se impugna es una resolución judicial que le...