Sentencia nº Rol 4074-17 de Tribunal Constitucional, 25 de Abril de 2019
| Fecha | 25 Abril 2019 |
Santiago, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. VISTOS: Con fecha 17 de noviembre de 2017, O.L.A.T., pensionada, domiciliada en calle Los Molles N° 1162, Los Vilos, Región de Coquimbo y para estos efectos en calle Holanda N° 1554, departamento N° 901, Providencia, Santiago, ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 125 Nº 10) y Nº 11) de la L. Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para que ello surta efectos en los autos sobre infracción a la L. de Pesca, caratulados “Servicio Nacional de Pesca con A.”, seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, bajo el Rol C-40-2015. Precepto legal cuya aplicación se impugna. El texto del precepto legal impugnado dispone: L. N° 18.892, L. General de Pesca y Acuicultura (…) “Artículo 125.- A los juicios a que se refiere el artículo precedente se aplicará el procedimiento que a continuación se señala: (…) 10) Si transcurrido el plazo a que se refiere el número anterior, no estuviere acreditado el pago de la multa, se despachará orden de arresto en contra del infractor. Si la infracción es cometida por personas jurídicas, la orden de arresto se despachará en contra de su representante legal, a menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho constitutivo de infracción, no obstante cualquier limitación establecida en los estatutos o actos constitutivos de la sociedad, corporación o fundación. Despachada una orden de arresto, no podrá suspenderse o dejarse sin efecto, sino por orden del tribunal que la dictó, fundada en el pago de la multa. El apremio a que se refieren los incisos anteriores será acumulativo; por consiguiente, por las primeras 30 unidades tributarias mensuales se aplicará un día de prisión por cada unidad tributaria mensual; si la multa fuere superior a 30 unidades tributarias mensuales y no excediere de 300 unidades tributarias mensuales, se aplicará un día de prisión por cada 5 unidades tributarias mensuales; y si excediere de 300 unidades tributarias mensuales, se aplicará un día de prisión por cada 10 unidades tributarias mensuales. Si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa impuesta, sufrirá la pena de reclusión, regulándose un día por cada unidad tributaria mensual, sin que ella pueda exceder de seis meses. 11) Para hacer efectivo el cumplimiento de la sanción y la práctica de las diligencias que decrete, el juez podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, directamente del jefe de la unidad respectiva más inmediata al lugar en que deba cumplirse la resolución o diligencia, aun fuera de su territorio jurisdiccional.". Síntesis de la gestión pendiente Enuncia que se sigue en su contra ante el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos una causa por la denuncia deducida por el Servicio Nacional de Pesca de la IV Región en febrero de 2015, por posesión de recursos sujetos a veda (locos), cuestión que infringiría lo dispuesto en el artículo 119 de la L. N° 18.892 y, por realizar actividades de transformación de los mismos sin estar debidamente inscrita ante dicha autoridad, lo que implicaría contravención a su artículo 107, dada una fiscalización efectuada a su domicilio. Comenta que prestó declaración indagatoria y colaboró en los actos del procedimiento, reconociendo salvo excepciones, los hechos denunciados, dando cuenta de que vive de la venta de recursos del mar, actividad desarrollada en su propia casa en pequeñas cantidades y de forma artesanal, que genera su propio sustento. Agrega que, en tanto no sabe leer ni escribir, le fue difícil la obtención de los permisos administrativos correspondientes y acceso a capacitación, obteniendo la resolución administrativa de funcionamiento de local tipo procesadora tras la inspección de Sernapesca. En marzo de 2016 el juez dictó sentencia, considerando su reconocimiento de los hechos, y aplicando la presunción de veracidad de lo constatado por el ministro de fe actuante y al no existir prueba en contrario, la condenó a dos penas de multa por un total de 50 UTM. Solicitando la rebaja de ésta o, el beneficio de pago en cuotas, argumentando que se trata de una persona mayor de más de 70 años de edad, que recibe una pensión solidaria de aproximadamente 70 mil pesos mensuales. A esta solicitud, el tribunal denegó lo impetrado por la requirente pero permitió el pago en 10 cuotas. Refiere la actora que pudo saldar las dos primeras pero, a partir de ello no pudo pagar más, careciendo de dinero para ello. Así, comenta que en agosto de 2017 Sernapesca solicitó apremio en su contra, en los términos previstos en el artículo 125 N° 10 de la L. N° 18,892, cuestionada en esta sede constitucional, cuestión pendiente de resolver y que podría significar reclusión sustitutiva de la multa. Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal La parte requirente enuncia dos conflictos constitucionales: 1. Artículo 19 N° 7 de la Constitución, en relación con el artículo 5°, inciso segundo y, desde allí, con los artículos 7.1 y 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, amenaza a su derecho a la libertad personal y, 2. Artículo 19 N° 1, incisos primero y final, de la Constitución, en relación con su artículo 5°, inciso segundo y por ello, con los artículos 7.1 y 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, prohibiéndose la aplicación de todo apremio ilegítimo. Refiere que en el estado actual de discusión jurídica, se ha elevado a nivel de norma internacional el principio garantista de que no existe prisión por deudas, salvo que se trate de obligaciones alimenticias. De la lectura del artículo 7.7 de la CADH surgiría inequívoco el sentido de prohibir que una persona pueda sufrir una privación de libertad como consecuencia del no pago de una deuda. Conforme la norma impugnada, se tiene que dada la no acreditación del pago de una multa, debe despacharse orden de arresto contra el infractor. La actora comenta que se expuesta a un arresto efectivo por 38 días, completo y acumulativo, regulado en abstracto como un medio destinado a forzar el pago de lo adeudado, el que puede decretarse en cualquier momento mientras la situación base se mantenga, pudiendo suspenderse o dejarse sin efecto sólo acreditándose el pago. Es, en la especie, una medida de privación de libertad invasiva por su completo encierro. No se trata de un arresto nocturno o dentro de un determinado horario, con un resultado paradojal, al impedir que se consigan los recursos económicos para cumplir con la obligación debida, acercándose más a una reacción punitiva que a un mero apremio, quedando sometida al confinamiento carcelario y a sus severas reglas. Luego, argumentando en torno a la afectación al derecho a la vida y a la integridad psíquica y física y a la prohibición de aplicar todo apremio ilegítimo, refiere que para determinar la legitimidad de un apremio no basta con examinar la legalidad del mismo, como confirmar su mera consagración legal o que esté dispuesto por autoridad competente y que se cumpla en una cárcel pública; la legitimidad exige más que mera legalidad. Un esencial requisito de carecer valorativo dice relación con la proporcionalidad o adecuación axiológica de conexión de medio a fin que se da entre el arresto como medida de apremio y la finalidad que se persigue con éste. Así, no basta sólo la adecuación formal de la medida. En el caso concreto y aplicando el test de proporcionalidad, se tiene que el arresto que habilita la normativa cuestionada, no contribuye a la eficacia del pago de la obligación de la multa impuesta. Es una restricción severa que no se condice con la mínima intervención ni con la proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, puesto que el grado de afectación a la requirente es elevado, existiendo otros medios menos restrictivos como el derecho de prenda general que corresponde a todo acreedor. Así, no puede ser constitucionalmente legítimo un apremio de arresto efectivo, completo y acumulativo que se decreta contra una persona de 77 años de edad por una deuda pecuniaria por concepto de multa y que únicamente cometió una infracción en el contexto de su situación socioeconómica y cultural. La medida se torna en una forma de trato cruel, inhumana o degradante, que contraviene el deber del Estado de estar al servicio de la persona humana y promover el bien común. Por lo anterior, solicita que sea acogido el requerimiento deducido a fojas 1, en todas sus partes. Admisión a trámite, admisibilidad y observaciones de fondo al requerimiento El requerimiento se acogió a trámite a través de resolución de la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional, de fecha 21 de noviembre de 2017, a fojas 21. Posteriormente, fue declarado admisible el día 12 de diciembre de 2017, resolución rolante a fojas 104. Conferidos los traslados sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados, así como a las partes de la gestión pendiente, fue evacuada la presentación que se enuncia a continuación. Traslado del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Solicita el rechazo del requerimiento. Comenta que el proceso seguido contra la requirente nace producto de una inspección efectuada en un inmueble de propiedad de la denunciada –requirente de autos- en razón de diversas denuncias efectuadas a las autoridades administrativas por venta ilegal de locos. En dicho lugar se encontraron congeladoras con diversos recursos pesqueros, identificándose la denunciada como propietaria de los mismos. En razón de no contar con documentación fue citada por posesión del recurso loco en veda y realización de actividades de transformación de recursos hidrobiológicos sin estar inscrita en el registro del servicio. Enuncia que, conforme se tuvo del acta de inspección, el lugar fiscalizado se encontraba sin autorización sanitaria, con mal olor y una temperatura de congelamiento no adecuada...
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