Sentencia nº O-168-2018 de Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, 6 de Noviembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 745631981

Sentencia nº O-168-2018 de Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, 6 de Noviembre de 2018

Fecha de Resolución 6 de Noviembre de 2018
EmisorJuzgado de Letras del Trabajo de Copiapó

VISTOS, OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO

Que ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, se inició causa RIT O-168-2018, RUC 18-4-0115210-1, por presentación del abogado don P.I.P.S., chileno, casado, cédula nacional de identidad N° 16.658.896-0, domiciliado para estos efectos en Avenida las Condes N° 11.380, oficina N° 91, comuna de Vitacura, R.M., quien actúa en representación de doña M.S.L.O., chilena, soltera, P., cédula de identidad Nº 15.612.158-4, domiciliada para estos efectos en Granate Nº2424, Comuna de Copiapó, Región de Atacama; y, L.C.V.Z., chilena, casada, egresada de educación diferencial, cédula de identidad 12.243.959-3, domiciliada para estos efectos en El Salvador nº 573, V.M., Comuna de Copiapó, Región de Atacama, interpone demanda en procedimiento de aplicación general laboral por nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales adeudadas, en contra de FISCO DE CHILE, Rol Único Tributario Nº 61.806.000-4, cuyo representante legal para estos efectos es don A.M.R.G., chileno, abogado, R.6., P.F., ambos domiciliados para estos efectos en Colipí 570 Oficina 505, Comuna De Copiapó, Región de Atacama.

SEGUNDO

Que sus representadas comenzaron a prestar servicios bajo subordinación y dependencia; en cuanto a M.L., desde el 1 de junio de 2017 y en cuanto a L.V. desde el 1 de marzo de 2017, ambas mediante múltiples contratos de honorarios pero que en la realidad eran contratos de trabajo hasta el momento de su despido con fecha 21 de marzo de 2018 y 27 de abril de 2018, respectivamente. M.L., desempeñó sus servicios a favor de la demandada como ¿Asesor territorial¿ y L.V. como ¿Apoyo Extranjería¿, ambas en la Gobernación de Copiapó del Servicio del Gobierno Interior. Cargos evidentemente habituales, genéricos y permanentes en la organización jerárquica del Servicio de Gobierno Interior del M.isterio del Interior y Seguridad Pública, fueron sujetas a jornadas de trabajo claramente establecidas, al poder de mando de sus superiores y a su vez, al deber de obediencia en el desempeño de sus funciones. Sosteniendo que los contratos celebrados con la demandada constituyen una abierta infracción a la legislación aplicable, pues corresponden a aquellos denominados ¿Contrato de Honorarios¿, correspondiendo bajo el principio de la supremacía de la realidad la calidad de una efectiva relación laboral sujeta al vínculo de subordinación y dependencia como se expondrá más adelante. Que sus representadas durante todo el tiempo que trabajaron a favor de la demandada, M.L. con nueve (9) meses y L.V. con un (1) año y un (1) mes, realizaron numerosas funciones y en virtud de éstas, es que se fueron extendiendo sus labores por un extenso periodo, como se podrá verificar mediante los contratos y demás pruebas. Precisa que el artículo 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República (Decreto con Fuerza de Ley N°22, M.. Hacienda), indica que el Servicio de Gobierno Interior es el organismo mediante el cual el P. de la República, como J.S. de la Nación, ejerce el Gobierno Interior del Estado, depende del M.isterio del Interior y Seguridad Pública. En cuanto a la regulación de la relación laboral, en este punto destaca que en la especie los regímenes estatutarios no fueron aplicables, aseverando que sus mandantes nunca fueron contratadas como funcionarias en ninguna de sus categorías conforme lo dispuesto por la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, debido a que no ingresaron a prestar servicios en la forma que dichas normativas especiales prevén, ni en las condiciones que esa normativa establece: planta; contrata; suplente, que siendo personas naturales, tampoco estuvieron sometidas a un estatuto especial de aquellos que aplican en la Institución, planteando que, por lo tanto, según los contratos celebrados y la prueba que se rendirá M.L. prestó en el Departamento Social y L.V. en el Departamento de Extranjería, ambos de la Gobernación de Copiapó, obligándose a desarrollar, entre otras, las siguientes funciones: En cuanto a M.L., como ¿Asesor Territorial¿, debía realizar la coordinación de los programas de gobierno que dicen relación con el vínculo de organizaciones sociales y comunitarias y todo lo que requiera la Gobernación en términos territoriales provinciales, entre otras extrañas a su cargo; en cuanto a L.V., como ¿Apoyo extranjería¿, debía realizar la atención presencial de público de manera presencial resolviendo consultas de los usuarios; manejar e ingresar la información al sistema informático del Departamento de Extranjería; realizar la gestión documental de la unidad (administrar el archivo, orden, clasificación, despacho, otros), realizar toda tarea que le sea encomendada por la autoridad competente en el ámbito de sus funciones; mantener comunicación permanente y fluida con la Unidad de Coordinación Regional DEM, para el intercambio de información y apoyo técnico sobre procedimientos administrativos, entre otras extrañas a su cargo. Lo anterior, no obsta a que las funciones se fueran ampliando durante la extensión de su período laboral, puesto que sus ocupaciones fueron muchas más de las que se especifican en esta demanda, las que el Tribunal podrá constatar en la etapa procesal correspondiente, con la respectiva prueba documental y testimonial. Conforme lo anterior y a pesar de las numerosas funciones descritas en los párrafos anteriores, se le contrató bajo la norma del artículo 11 de la Ley N° 18.834, esto es, aquella que permite la contratación sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, sin embargo, dicha disposición establece determinadas exigencias adicionales cuales son: a) Que se traten de labores accidentales; b) Que no sean habituales; c) Que se trate de cometidos específicos, aseverando que en el caso, las labores prestadas jamás fueron no habituales de la Institución, tampoco se trató de cometidos específicos, ni mucho menos los servicios que prestó a su ex empleadora se pueden catalogar de específicos, esto es, transitorios y temporales, puesto que la relación con el empleador se llevó a cabo fuera del marco legal que establece el artículo 11 de la Ley N° 18.834, siendo aplicable en este caso la norma común y general en Derecho Laboral y el Código del Trabajo en toda su extensión, como lo ha declarado la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en Sentencia de Reemplazo del Recurso de Unificación de Jurisprudencia, Rol 11.584-2014, de fecha 01 de abril del año 2015, caratulado ¿J.P.V. con Municipalidad de Santiago¿ (Considerando Octavo), en una situación fáctica equivalente a las de este caso, realizando los mismos servicios bajo las características esenciales propias de un contrato de trabajo, en cometidos genéricos, permanentes en el tiempo y desplegados de forma ininterrumpida. Afirma que resulta claro que las funciones que desarrollaron a favor de su ex empleadora no reunían las exigencias que para ello establece el artículo 11 de la Ley N° 18.834, norma excepcional que por lo demás debe ser interpretada en sentido estricto y restringido y que considera dichas exigencias sólo para aceptar la existencia de un contrato de honorarios bajo dicha preceptiva. Así entonces, no estando bajo un estatuto laboral especial conforme al artículo inciso del Código del Trabajo, que indica al efecto: ¿Estas normas no se aplicarán a los funcionarios de la Administración del Estado centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial¿; y tampoco siendo aplicable a este caso el artículo 11 de la ley N° 18.834 que prescribe:¿ ¿Artículo 11° Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución; mediante resolución de la autoridad correspondiente a la especialidad que se requiera. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera¿. ¿Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.¿ ¿Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto¿, normativa sobre la que sostiene que procede establecer que la condición laboral corresponde a la regla general, esto es, una relación laboral propia de un contrato de trabajo regulado por el Código del Trabajo, al ser esta la norma genérica respecto al vínculo que une a los trabajadores con sus empleadores. En lo que atañe al término de la relación laboral, en cuanto a M.L. el día 21 de marzo de 2018 y en cuanto a L.V., el día 27 de abril de 2018, el Servicio de Gobierno Interior ¿ mediante sus jefatura de la Gobernación de Copiapó- despidieron a sus representadas de manera irregular y a su vez ¿ como ofrece acreditar- faltando a todo requisito legal, no señaló con exactitud y claridad los hechos ni las causales por el cual dio término a la relación laboral; no indicó ninguna causal legal de las contenidas en el Código del Trabajo, infringiendo flagrantemente el artículo 162 inciso primero del citado cuerpo legal; tampoco acreditó los pagos...

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