Sentencia nº Rol 3406-17 de Tribunal Constitucional, 20 de Marzo de 2018
| Fecha | 20 Marzo 2018 |
Santiago, veinte de marzo de dos mil dieciocho.
VISTOS:
Con fecha 17 de marzo de 2017, doña J.H.G. y doña D.S.H., han solicitado pronunciamiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de tres frases que se indican, contenidas en el artículo 773 del Código de Procedimiento Civil.
El texto de las frases reprochadas es el que se destaca a continuación:
El recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia, salvo cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso, como sería si se tratare de una sentencia que declare la nulidad de un matrimonio o permita el de un menor.
La parte vencida podrá exigir que no se lleve a efecto la sentencia mientras la parte vencedora no rinda fianza de resultas a satisfacción del tribunal que haya dictado la sentencia recurrida, salvo que el recurso se interponga por el demandado contra la sentencia definitiva pronunciada en el juicio ejecutivo, en los juicios posesorios, en los de desahucio y en los de alimentos.
El recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con interponer el recurso de casación y en solicitud separada que se agregará a la carpeta electrónica a que se refiere el artículo 29. El tribunal a quo se pronunciará de plano y en única instancia a su respecto y fijará el monto de la caución antes de enviar la comunicación correspondiente al tribunal superior.
En este caso, se formará cuaderno electrónico separado con las piezas necesarias.
El tribunal a quo conocerá de plano y en única instancia a su respecto en todo lo relativo al otorgamiento y subsistencia de la caución
.
Los preceptos cuestionados en el marco de un litigio en torno a la designación de administrador pro indiviso, que se hace cargo de la administración de los bienes de la sucesión hereditaria de don Jean Szirtes Braun, sustanciado en el 29° Jugado Civil de Santiago, bajo el Rol N° 20.391-2016. El proceso fue iniciado por don R.S., mediante demanda en contra de las requirentes. Y la designación judicial de administrador pro indiviso fue impugnada por las actoras, mediante sendos recursos de casación en la forma y apelación.
En lo que concierne a estos autos, el debate en sede judicial trata acerca de las sumas determinadas por el tribunal civil, en lo referido a gastos en que podría incurrir la administradora en el desempeño de su función, los que se fijaron en una suma equivalente, en pesos, a 8.000 Unidades de Fomento, y, en lo referido a honorarios de la administradora pro indiviso designada, fijados en la cantidad total de 250 Unidades de Fomento Mensuales. Ello equivaldría, a la suma de $218.000.000, aproximadamente. A juicio de las actoras, esa cifra a deducir de la masa común hereditaria y que estiman desmesurada, supone en los hechos que una sentencia judicial instaure una nueva clase de heredero o baja de la herencia.
Frente a lo anteriormente expuesto, se pide al sentenciador de primer grado que se decrete una fianza de resultas, similar a la aludida cantidad, mas, aquél la fijó en la suma de $10.000.000. Ante tal pronunciamiento, las actoras hicieron uso de las vías recursivas ordinarias, en la especie, de reposición y apelación en subsidio. Éste último fue concedido en el sólo efecto devolutivo.
Fundamentación del requerimiento.
Explican las peticionarias que, por aplicación de las disposiciones observadas se vulneran los derechos a la igualdad ante la ley; al debido proceso; a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad.
Lo anterior, en lo esencial, por cuanto el monto de la fianza a rendir queda entregado a la entera discrecionalidad del juez, permitiendo de plano que la misma se torne en arbitraria, toda vez que, no existe parámetro alguno que permita que sea fijada una fianza acorde a las cifras discutidas; asimismo, no permitiendo debatir a las partes, pues el juez resuelve derechamente, ni se posibilita recurrir el monto arbitrario de fianza que fuera determinado. En otras palabras, basta que la misma satisfaga al sentenciador, el que la fija sin escuchar a las partes del proceso y sin que su decisión sea recurrible, sin ninguna posibilidad de alterar y causar perjuicios patrimoniales a la parte vencida.
Por presentación de fojas 194, don R.S.H. formula descargos al requerimiento, solicitando el rechazo en base a las siguientes argumentaciones.
En primer lugar, expone latamente sobre la mala fe que, considera, caracteriza el actuar de las requirentes, señalando los hechos que la develan y que, en síntesis, apuntan a la dilación indebida del proceso pendiente, producto de diversos recursos y entorpecimientos procesales. A su vez, en su escrito, hace ver la confusión de gestiones judiciales relacionadas con el conflicto de constitucionalidad planteado ante esta M..
En segundo término, se refiere a la inadmisibilidad de la acción de inaplicabilidad, por cuanto, reitera en esta fase procesal, que el requerimiento desconoce los requisitos de procesabilidad que consagra el artículo 93 de la Constitución Política.
Precisando, que no puede prosperar la acción, desde el momento que la cuestión principal debatida ya se encuentra resuelta por el juez a quo y la cuestión accesoria, como es la fianza de resultas, también está concluida en sede jurisdiccional. Agrega que, en el fondo, lo que las actoras pretenden es impugnar una resolución...
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