Sentencia nº Rol 3588-17 de Tribunal Constitucional, 21 de Julio de 2017
| Fecha | 21 Julio 2017 |
Santiago, veintiuno de julio de dos mil diecisiete.
Proveyendo a fojas 49, a lo principal, tercer, cuarto y quinto otrosíes, téngase presente; al primer otrosí, téngase por evacuado el traslado conferido; al segundo otrosí, estése a lo que se resolverá.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
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Que, por resolución de 30 de junio de 2017, esta S. admitió a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido en autos por la I. Municipalidad de La Pintana respecto de los artículos 63°, inciso primero, y 65°, ambos de la Ley 19.070; y 9°, inciso segundo, de la Ley 19.933, en la causa caratulada “Silva con Municipalidad de La Pintana”, RIT O-713-2016, RUC 16-4-0060601-7, del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel, bajo el Rol N° 194-2017 Reforma Laboral;
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Que, en la misma resolución, para pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento, la Sala confirió traslado por el plazo de diez días a las demás partes en la gestión sublite, traslado que fue evacuado en tiempo y forma por el abogado representante de los 209 demandantes en la gestión sublite;
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Que el artículo 84, N° 6, de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional –en relación con el artículo 93, inciso undécimo, de la Constitución Política- dispone que “procederá declarar la inadmisibilidad [del requerimiento] en los siguientes casos: 6°. Cuando carezca de fundamento plausible”;
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Que, en lo atingente a la causal de inadmisibilidad del referido artículo 84, N° 6, esta M. ha sentenciado que “la determinación del sentido y alcance del precepto impugnado en los procesos seguidos ante los jueces del fondo no es una materia propia de esta jurisdicción constitucional, dado que esto último importa una cuestión de legalidad cuya resolución es propia de los jueces de fondo. Se trata, por ende, de un conflicto que no se encuentra dentro del marco de atribuciones de este órgano de jurisdicción constitucional” (entre otras, STC Rol N° 2465) y que “en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional sólo ha sido autorizado por la Carta Fundamental para efectuar el control de constitucionalidad concreto de los preceptos legales objetados y, por consiguiente, no ha sido llamado a resolver sobre la aplicación e interpretación de normas legales, cuestión que, de conformidad a la amplia jurisprudencia recaída en requerimientos de...
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