Decisión nº A325-09, de Consejo de Transparencia de 23 de Febrero de 2010 - Doctrina Administrativa - VLEX 539914410

Decisión nº A325-09, de Consejo de Transparencia de 23 de Febrero de 2010

Fecha de Resolución:23 de Febrero de 2010
Tipo:Documentos Operacionales - Estudios o Investigaciones - Documentos
Materia:Compras y Licitaciones
Tema:Economía y Finanzas, Licitaciones, Otros, especificar
RESUMEN

Causales de secreto o reserva  -  Derechos de las personas  -  Derechos de carácter comercial y económico - Clausulas de confidencialidad Causales de secreto o reserva  -  Derechos de las personas  -  Derechos de carácter comercial y económico - Propiedad industrial (Información no divulgada y secreto empresarial) Licitaciones : Se deduce amparo contra el Ministerio Secretaría General de Gobierno ... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

INFORME AMPARO ROL A325-09

Entidad pública: Ministerio Secretaría General de Gobierno, SEGEGOB

Requirente: José Miguel Wilson Castilla

Ingreso Consejo: 16.09.2009

En sesión ordinaria N° 127 de su Consejo Directivo, celebrada el 23 de febrero de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A325-09.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, y 19 N° 12, 24 y 25 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.F.L. N° 3/2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don José Miguel Wilson Castilla solicitó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (en adelante SEGEGOB), el 13 de agosto de 2009, a partir de los considerandos incluidos en la decisión del Consejo para la Transparencia sobre el amparo A32-09 y en virtud de la Ley de Transparencia, que declara sólo reservados las encuestas y sondeos de opinión, copia digitalizada vía correo electrónico de los resultados, informes, gráficos y documentos resultantes de los estudios o trabajos contratados con la empresa Conecta Research, hasta agosto de 2009. Señala que en caso de que alguno de estos estudios contenga una sección que sea considerara encuesta o sondeo de opinión, solicita detallar las características que justifican su no difusión y proporcionar el resto de la información resultante de esos estudios o trabajos, en consideración a los principios consagrados por la Ley de Transparencia que obliga a proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a excepciones constitucionales o legales.

2) RESPUESTA: La SEGEGOB, el 10 de septiembre de 2009, respondió dicho requerimiento mediante correo electrónico, en la cual señala que se deniega el acceso a dicha información, por lo siguiente:

a) Luego de analizar la solicitud se consideró que ésta podría afectar los derechos de terceros, por lo que, conforme al artículo 20 inciso 1° de la Ley de Transparencia, se notificó dicha solicitud mediante carta certificada a la empresa Conecta Research S.A.

b) En respuesta de dicha notificación, la empresa Conecta Research S.A. dedujo oposición a la entrega de la información requerida, señalando que dicha entrega vulneraría sus derechos comerciales.

c) Finalmente, señala que de acuerdo a lo anteriormente expuesto y conforme a lo que dispone el artículo 20 inciso 3° de la Ley de Transparencia, dicho servicio se encuentra imposibilitado de entregar la información objeto de la solicitud.

3) AMPARO: Don José Miguel Wilson Castilla dedujo amparo el 16 de septiembre de 2009 en contra de la SEGEGOB, fundamentado en que se le habría denegado la información y que al respecto hace presente lo siguiente:

a) Hasta la fecha el Ministerio ha firmado 3 contratos con la firma Conecta Research S.A., uno licitado en Chilecompra y dos por asignación directa. Sólo uno ha sido publicado en el portal de Gobierno Transparente de la SEGEGOB, en la sección “otras compras”. Desconoce el contenido del primer contrato licitado, que seguramente por un error involuntario no ha sido publicado en Chilecompra, añadiendo que tal vez sería pertinente que el Consejo evalúe si es necesario regularizar esta situación. No obstante, sí figuran, al menos, las bases de licitación, que dan pie a la fructífera y millonaria relación contractual entre dicho Ministerio y la firma.

b) Agrega que a partir de las bases es posible deducir algunos alcances del contrato. Así, en las bases de licitación -876-64-LP08, “Servicio de Seguimiento de Noticias en TV Prensa”-, se señala en el punto 4.4 que “los oferentes deberán considerar en su oferta económica todos los gastos, incluidos los de personal, materiales, servicios, equipos, permisos, derechos, impuestos y, en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento del contrato, sea éste directo, indirecto o a causa de él”. Así, concluye, que los derechos comerciales estaban considerados dentro de la oferta económica y, por ende, la eventual difusión de los documentos resultantes debiera estar compensada con los $160.656.238 de desembolso fiscal –patrimonio de todos los chilenos- que han costado los servicios, sin IVA, de la empresa en sus tres contratos.

c) El tercer y último contrato, que está publicado en el portal de Gobierno Transparente y fue aprobado por el Decreto Exento N° 509, de 25 de mayo de 2009, en su cláusula tercera señala que Conecta Research S.A. deberá guardar reserva y estricta confidencialidad respecto del contrato y sus servicios. No obstante, dicha obligación sólo involucra a la empresa y en ninguna parte del contrato se menciona la misma obligación para el Ministerio.

d) Asimismo señala que el artículo 1° de la Ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios prescribe que “Los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de aquéllas, las normas del Derecho Privado”, por lo que la Ley bajo la cual se firmaron dichos contratos le otorga primacía al ordenamiento jurídico del derecho público por sobre el derecho privado, y su requerimiento se basa en la Ley de Transparencia y en derechos constitucionales que están comprendidos dentro del marco de derecho público. A diferencia de ello la relación contractual entre el Ministerio requerido y Conecta Research caben dentro del espectro del derecho privado.

e) Por último, agrega que en la decisión recaída en el amparo A32-09, la SEGEGOB citó con ahínco –para denegar el acceso a información del listado de sus estudios- la glosa presupuestaria 03, correspondiente al título 22 del presupuesto de la SEGEGOB, de las Leyes de Presupuesto de 2006, 2007, 2008 y 2009, la que en su letra c) señala que “Los resultados de estudios, encuestas y sondeos de opinión pública que se financien con estos recursos, de ser solicitados, deberán ser proporcionados a los medios de difusión, salvo que la autoridad ministerial los defina como parte de sus análisis político estratégico”. Por esto, el texto fija como principio general y obligatorio que los resultados, de ser solicitados, deberán ser proporcionados a los medios de difusión y establece como única exclusión que sean de carácter político estratégico. No obstante, la Ley de Transparencia dejó obsoleta dicha causal de reserva y la limitó exclusivamente a las encuestas y sondeos de opinión, según se concluyó en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA