El 50% de los dineros ya comprometidos en proyectos educacionales iría a financiar la nueva carrera docente
Paro indefinido, marcha por el centro de Santiago, corte y desvío de calles, incidentes entre encapuchados y carabineros al terminar el acto en Estación Mapocho. Ese es el corolario de la semana en que el Colegio de Profesores le declaró la guerra al proyecto de carrera docente que impulsa el Gobierno.
"Es un paro contraproducente e injustificado", han señalado en el Gobierno, argumentando que esta iniciativa -que mejora las remuneraciones del profesorado casi en un 30% promedio- es el proyecto educacional más costoso para el Estado de los que se han presentado hasta ahora.
Según el informe financiero del proyecto, esta iniciativa cuesta US$ 2.458 millones adicionales a lo que hoy gasta anualmente el Estado en el pago de profesores. Esto representa un 49,7% de los recursos comprometidos en anuncios relativos a la reforma educacional.
La batería de iniciativas aprobadas o en trámite legislativo totaliza US$ 4.946 millones en régimen y está compuesta, en orden decreciente según el monto, por: carrera docente; ley que pone fin al lucro, selección y copago en la educación secundaria; aumento de la cobertura de la educación parvularia; bono para el retiro de profesores; 15 centros de formación técnica estatales en regiones y creación de dos universidades; bonificación de personal no docente y la ley que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia.
Fin al lucro, pago y selección es la segunda iniciativa más cara: US$ 1.692 millones
A estas propuestas, que se irán implementando de manera gradual, se deben sumar dos promesas más, cuyos detalles todavía se desconocen: el proceso de desmunicipalización y el proyecto de financiamiento de la educación superior. Ambos están en etapa de debate prelegislativo pero, según estimaciones de analistas y centros de estudio, el costo total de la reforma educacional podría escalar hasta los US$ 9.760 millones en régimen.
El costo asociado a cada proyecto ha encendido una luz de alerta respecto de la capacidad del Estado para financiar la reforma educacional en su integridad.
La reforma tributaria aprobada en 2014 apunta a recaudar, a partir de 2018, tres puntos porcentuales del PIB; es decir, US$ 8.300 millones. De estos, US$ 5.000 millones se destinarían a educación y el dinero restante, a otras políticas públicas.
Visto así, las cifras no cuadran, puesto que los proyectos conocidos ya tienen comprometidos casi la totalidad de esos US$ 5.000 millones.
Sin embargo, en el Mineduc aclaran que la mayoría de los proyectos más costosos tendrá una implementación gradual y, por lo tanto, la capacidad de crecimiento económico del país aportará las platas faltantes.
"Para 2030 los recursos adicionales no van a ser solo los de la reforma tributaria, sino que también todos aquellos que vengan del crecimiento económico", explicó el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, a fines de abril.
La ley que pone fin al...
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