2. La codificación del Derecho de consumo: ¿refundación o refundición? (Modelos y enseñanzas desde el Derecho comparado)
| Autor | Sergio Cámara Lapuente |
| Páginas | 77-118 |
2
la CodifiCaCión del dereCho de Consumo:
¿refundaCión o refundiCión?
(modelos y enseñanzas desde e l dereCho Comparado)*1
*1 Publicado originalmente como “La codicación del Derecho de consumo: ¿refundación o
refundición? (Modelos y enseñanzas desde el Derecho comparado)”, en llácer matacáS,
M. R. (coord.), La codicación del Derecho contractual de consumo en el Derecho civil catalán,
Dykinson, Madrid, 2015 (también en Revista de Derecho Civil, II-1, [abril-marzo] 2015, pp.
105-151). Resultado del Proyecto I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad,
DER2012-37206.
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Contratos y proteCCión jurídiCa del Con sumidor
1. la materia susCeptible de Cod ifiCaCión: el dereCho de Consumo
Para responder a la cuestión de si resulta oportuno “codicar” las normas de
protección de los consumidores y cuál sería la mejor forma de hacerlo, desde
las enseñanzas que aporta el Derecho comparado, resulta imprescindible
plantearse previamente cuál es la materia susceptible de tal codicación o
reelaboración legislativa.
Desde sus mismos orígenes normativos, el Derecho de consumo se ha
caracterizado por proteger a la parte débil o en inferioridad de condiciones dentro de
la relación jurídica; en este sentido, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE) ya apeló tempranamente y ha subrayado de forma
incisiva en sus pronunciamientos de la última década que el reequilibrio que
el legislador procura en una relación jurídica considerada desigual se basa en
la inferioridad económica, negociadora e informativa en que se encuentra el
consumidor frente al empresario1. A través de normas usualmente imperativas
se pretende “reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre
los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda
restablecer la igualdad entre éstas”2; lejos queda, por tanto, el postulado de
plena igualdad de los contratantes propio de las codicaciones decimonónicas
del Derecho privado, ajenas a la contratación en masa.
Cualquier intento de compilar, refundir, codicar o sistematizar el Derecho
de consumo –sobre los posibles signicados y formatos de la técnica legislativa
que conocemos como “código”, infra, apartado 2.3; y sobre las concretas
materias más idóneas que otras para ser incorporadas a un auténtico Código
de Consumo, infra, apartado 3–, debe afrontar primero una clara delimitación
1 Como ya indicaron sentencias del TJUE como las de 19 enero 1993 (Shearson Lehmann
Hutton, C-89/91, ECLI:EU:C:1993:15, § 18), 3 julio 1997 (Benincasa, C-269/95,
ECLI:EU:C:1997:337, § 17) u 11 julio 2002 (Gabriel, C-96/00, ECLI:EU:C:2002:436, § 39), la
especial tutela frente al empresario se justica “por el interés en proteger al consumidor
como parte del contrato considerada económicamente más débil y jurídicamente menos
experimentadas que su cocontratante”. La formulación de esa axiología ha pasado, cuando
menos desde la STJUE de 26 octubre 2006 (Mostaza Claro, C‑168/05, ECLI:EU:C:2006:675,
§ 25, en el contexto de las cláusulas abusivas), a adoptar este tenor: “el consumidor
se halla en una situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido tanto a la
capacidad de negociación como al nivel de información”. Esta expresión se repite casi como
dogma en las sentencias posteriores. Por citar sólo algunas de las más recientes, y sin
salir del ámbito de las cuestiones prejudiciales presentadas desde España, las SSTJUE
de 14 marzo 2013 (Aziz, C-415/11, ECLI:EU:C:2013:164, § 44), 30 abril 2014 (Barclays
Bank, C-280/13, ECLI:EU:C:2014:279, § 32) y 17 julio 2014 (Sánchez Morcillo, C-169/14,
ECLI:EU:C:2014:2099, § 22).
2 STJUE de 14 junio 2012 (Banco Español de Crédito, C-618/10, ECLI:EU:C:2012:349, § 40) y
17 julio 2014 (Sánchez Morcillo, C-169/14, ECLI:EU:C:2014:2099, § 23) y la jurisprudencia
ahí citada.
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