Dictamen nº 47072 de Contraloría General de la República, de 18 de Noviembre de 2002 - Doctrina Administrativa - VLEX 239820738
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Dictamen nº 47072 de Contraloría General de la República, de 18 de Noviembre de 2002

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Vincent

N° 47.072 Fecha: 18-XI-2002

El SERVIU Xa. Región requiere pronunciamiento en relación con el pago de aranceles que corresponde efectuar a los Conservadores de Bienes Raíces, al tenor de lo previsto en el artículo 41 de la ley 18.591.

Dicha solicitud se origina en el oficio N° 11, de 2002, del Delegado de la Asociación de Notarios y Conservadores para el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Valdivia, a través del cual se comunican las disposiciones del arancel contenido en el decreto exento N° 588, de 1998, de Justicia.

Sobre el particular, cumple señalar que el decreto ley 2.833, de 1979, que simplifica trámites de transferencia de dominio y constitución de gravámenes y prohibiciones en sitios ubicados en poblaciones de propiedad de los Servicios de Vivienda y Urbanización, cuyo texto se sustituyó por el artículo 41 de la ley 18591, dispone en el artículo 3°, en lo pertinente, que los Conservadores de Bienes Raíces pueden cobrar como máximo el 20% de los derechos fijados en el respectivo arancel por las inscripciones, anotaciones, certificaciones y copias que practiquen o entreguen relacionadas con las escrituras a que alude el artículo 1° del ya citado D.L..

A su vez, el mencionado artículo 1° se refiere, en lo que interesa para estos efectos, a los títulos traslaticios de dominio que otorguen los SERVIU respecto de las viviendas, obras de equipamiento comunitario y sitios que formen parte de poblaciones o loteos de su propiedad, a los gravámenes y prohibiciones de cualquier especie que se establezcan en ellas y a sus inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces.

Fluye de las disposiciones citadas que existe obligación legal para los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, en el cobro de las actuaciones referidas, de no exceder los aranceles ya establecidos. Consecuentemente, los Servicios de Vivienda y Urbanización no deben pagar, en derecho, sumas que excedan dicho nivel.

Ahora bien...

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