Justicia Ambiental. Revista de Derecho Ambiental de la ONG FIMA - Books and Journals

Justicia Ambiental. Revista de Derecho Ambiental de la ONG FIMA

Editorial:
Fiscalía de Medio Ambiente de Chile
Fecha publicación:
2016-08-18
ISBN:
0718-736X

Últimos documentos

  • Prólogo
  • Acuerdo de Escazú y la negativa chilena a firmar: comentarios en torno a la supuesta autoejecutabilidad del tratado

    El Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018 y cuya entrada en vigor se produjo en abril de 2021, representa un histórico y valioso tratado para América Latina y el Caribe en materia de derechos humanos ambientales. El proceso de elaboración del texto contó con la iniciativa, apoyo y liderazgo de Chile, todo lo cual se vio opacado por la decisión nacional de postergar y finalmente descartar su suscripción. Dentro de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo, mediante un documento emitido por los ministerios de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente en septiembre de 2020, se encuentra uno referido al carácter autoejecutable del Acuerdo de Escazú. Según lo aducido, la suscripción del acuerdo supone cambios en nuestra legislación interna que, en el fondo, podrían generar incerteza jurídica, por ser autoejecutables las normas del acuerdo. Dicho esto, el presente trabajo busca tratar este planteamiento en particular, a la luz de la doctrina y jurisprudencia correspondiente, a fin de comprobar la veracidad de esta afirmación y sus efectos.

  • Análisis de las excepciones al derecho de acceso a la información ambiental en el Acuerdo de Escazú y sus diferencias con Chile

    El derecho de acceso a la información es la base de la democracia, y a su vez, la manera de asegurar el ejercicio efectivo de otros derechos, como los derechos de acceso y los derechos humanos. Por esa razón, es relevante determinar cautelosamente los estándares que deben ser cumplidos para restringir este derecho. La transparencia no puede ser absoluta, por cuanto se pondrían en peligro otros bienes jurídicos que deben protegerse. Sin embargo, la reserva tampoco puede ser abusiva, porque se perdería la efectividad de ciertas herramientas que mantienen la democracia. Entonces, para prevenir potenciales amenazas al derecho de acceso a la información, el Acuerdo de Escazú incorporó estándares mínimos para que los Estados mantengan en sus legislaciones delimitaciones justificadas a este derecho de acceso. Estos estándares mínimos son una base y no un techo, en que el derecho de acceso a la información es la regla general, y el secreto la excepción.

  • La inserción del Acuerdo de Escazú en el ordenamiento jurídico argentino en materia ambiental. Aportes para pensar una gobernanza urbana participativa

    Las ciudades son espacios en los cuales transcurre la vida de la mayoría de las personas. Allí se tejen relaciones muy variadas entre lo cultural y lo natural, dando lugar al "ambiente urbano". Estos espacios se presentan como la democracia en su dimensión territorial, siendo la participación ciudadana un elemento fundamental de la vida democrática. Dicha participación requiere el acceso previo a información. El Acuerdo de Escazú, entre otros instrumentos legales internacionales, ha acogido a estos derechos bajo el nombre de "derechos de acceso", generando estándares internacionales de participación ciudadana en materia ambiental y contribuyendo a perfilar la legislación argentina, que los recoge en diversas normas. La forma federal bajo la cual se organiza el país da lugar a realidades diversas en materia de derechos de acceso a escala local. Por ello, este trabajo propone un recorrido por la legislación nacional existente, analizando la inserción y los aportes que realiza el Acuerdo de Escazú a este marco normativo, a la vez que se propone utilizar estos elementos como insumo para sentar las bases de una democracia ambiental a escala urbana que dé cuenta de la importancia de los derechos de acceso en la tutela del ambiente en tanto bien colectivo, llenando los vacíos legislativos que hoy a nivel local existen.

  • Injusticia, reconocimiento y subjetividad jurídica: las zonas de sacrificio ante los tribunales ambientales

    En el presente trabajo desarrollaremos una revisión de las denominadas zonas de sacrificio y una propuesta de tratamiento de estas desde un enfoque de justicia ambiental como reconocimiento, su tratamiento jurisprudencial en cinco sentencias de nuestros tribunales ambientales, para finalmente analizar, desde el enfoque de justicia como reconocimiento, el correlato dogmático de los criterios propuestos por nuestros tribunales ambientales.

  • Los glaciares y Pascua Lama: auge y declive del primer proyecto desarrollado bajo el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina

    El Tratado de Integración y Complementación Minera suscrito por Chile y Argentina en 1997 es un instrumento único en su tipo. El primer proyecto desarrollado bajo el amparo de este Tratado fue el proyecto Pascua Lama de la empresa canadiense Barrick Gold, el cual ganó gran notoriedad pública, transformándose en uno de los proyectos mineros más controvertidos por los impactos irreversibles ocasionados durante su fase de exploración a los glaciares presentes en el área de influencia del proyecto, de gran importancia para el abastecimiento de agua para las actividades agrícolas y para consumo de las comunidades aledañas al proyecto, así como para la conservación del ecosistema andino. En esta contribución se da cuenta de la importancia de los glaciares para Chile, se exponen los principales hitos del proyecto Pascua Lama, se revisan los alcances y reales implicancias del Tratado de Integración y Complementación Minera, para concluir con la urgencia de que Chile fortalezca su ordenamiento jurídico ambiental, partiendo por la dictación de una ley que proteja a sus glaciares y su reconocimiento como bien nacional de uso público en la nueva Constitución.

  • Seguridad hídrica desde una perspectiva interseccional: elementos para el debate

    Chile presenta condiciones de escasez hídrica y una desigual distribución de este vital elemento debido a condiciones naturales y antrópicas. Dentro de estas últimas, se encuentra un modelo de gobernanza desarticulado, que no considera la variabilidad climática ni cuenta con las herramientas para proteger los ecosistemas. Esto trae como consecuencia una creciente sobreexplotación de los cursos de agua, agudizando los conflictos socioambientales, puesto que no logra garantizar el agua para las comunidades. En este escenario, este artículo tiene como objetivo ampliar el debate sobre seguridad hídrica, considerando las dimensiones de acceso equitativo en calidad y cantidad, sostenibilidad y resiliencia, complementadas con la perspectiva interseccional, la que permitirá observar el cruce entre categorías como clase, género, etnia y otras que se configuran como elementos estructurales determinantes. A partir de este análisis se busca fortalecer los diagnósticos locales, considerando una óptica de género que "no deje a nadie atrás" y proponiendo una discusión teórico-metodológica que amplíe el debate. A su vez se generan propuestas de co-construcción de conocimiento, clave para enfrentar las complejidades del cambio climático sobre la (in)seguridad hídrica, proponiendo la técnica del metálogo, para reconocer estos procesos de forma integral, fomentando un proceso reflexivo y participativo a partir de la promoción de observaciones de segundo orden y visibilizando la relevancia de la pertinencia territorial y la interseccionalidad dentro de estos múltiples diálogos.

  • Tercer Tribunal Ambiental y la legitimación activa de la Municipalidad de Coronel para reclamar en virtud del artículo 17 No 6 de la Ley No 20.600

    Importante ha sido el rol que cumplen las municipalidades en Chile para defender intereses medioambientales en sus territorios. Por cierto, resulta fundamental la participación de la ciudadanía en estos temas, no obstante que las municipalidades intervengan activamente en la discusión previa a la instalación de un proyecto dentro de su territorio, defendiendo los intereses de sus ciudadanos, aporta mayores herramientas y recursos al proceso de evaluación. El presente trabajo pretende aportar elementos que ayuden a despejar las dudas existentes respecto al rol que las municipalidades pueden cumplir, particularmente, en el proceso de participación ciudadana y su legitimación para reclamar ante tribunales ambientales.

  • El camino de la transición socioecológica en Chile
  • Hacia una Constitución ecológica: cambio climático y nueva Constitución

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