Justicia Ambiental. Revista de Derecho Ambiental de la ONG FIMA

- Editorial:
- Fiscalía de Medio Ambiente de Chile
- Fecha publicación:
- 2016-08-18
- ISBN:
- 0718-736X
Número de Revista
- Núm. 14, Diciembre 2022
- Núm. 13, Diciembre 2021
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- Núm. 11, Diciembre 2019
- Núm. 10, Diciembre 2018
- Núm. 9, Diciembre 2017
- Núm. 8, Diciembre 2016
- Núm. 7, Diciembre 2015
- Núm. 6, Diciembre 2014
- Núm. 5, Diciembre 2013
- Núm. 4, Diciembre 2012
- Núm. 3, Septiembre 2011
- Núm. 2, Mayo 2010
- Núm. 1, Mayo 2009
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- Los sistemas de gestión de la Ley No 20.920, su implementación normativa y el caso de los sistemas no domiciliarios y los consumidores industriales
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El artículo aborda la relación existente entre los derechos humanos y el derecho internacional ambiental, así como la importancia de este último en la configuración y diseño del ordenamiento jurídico nacional. Un primer apartado finaliza con comentarios sobre los prin- cipios ambientales. Posteriormente, se analiza la satisfacción de presu- puestos de una participación ciudadana ambiental efectiva, su marco legal e identifican distintos instrumentos, mecanismos y procedimientos que consideran etapas participativas previas a la adopción de decisio- nes con repercusión ambiental. Finalmente, se desarticula la proposi- ción normativa del artículo 19 No 8 de la Constitución Política de la República, profundizando en la obligación de garantía que recae sobre el Estado.
- Resignificando a los municipios: la garantía institucional de la autonomía y el interés legítimo
En la interpretación dominante de las potestades públicas de que se encuentran investidos los municipios para intervenir en el siste- ma de evaluación de impactos ambientales, estos son considerados como servicios públicos cuya participación debe circunscribirse a ciertos már- genes dados. Por una parte, por el marco de los artículos 8o y 9o ter de la Ley No 19.300 relativos a la compatibilidad de los proyectos evaluados con las políticas, planes y programas municipales, y con los instrumen- tos de planificación territorial aplicables. Por otra parte, deben circuns- cribirse a lo indicado por el artículo 31 de la Ley No 19.300, sobre el rol de los municipios como garantes de la participación ciudadana en el procedimiento. No obstante, en la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema se ha establecido la existencia de una presunción de interés le- gítimo de estos órganos para intervenir en dichos procesos de evaluación ambiental. Para dar sustento a esta presunción se ha hecho referencia a su competencia constitucional de satisfacer las necesidades locales. Este trabajo pretende explicar dicha evolución desde el concepto de garantías institucionales asociadas a la autonomía municipal.
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El derecho de acceso a la información es la base de la democracia, y a su vez, la manera de asegurar el ejercicio efectivo de otros derechos, como los derechos de acceso y los derechos humanos. Por esa razón, es relevante determinar cautelosamente los estándares que deben ser cumplidos para...
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